DECLARACION PUBLICA

7 de Septiembre de 2007.

Abogado Boris Paredes:

''Instituto de Derechos Humanos se convertirá en instrumento de impunidad''

por Jorge Molina Sanhueza

El profesional habló con El Mostrador.cl en representación de los querellantes del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y advirtió que una vez que se dicte la ley que crea el nuevo organismo las víctimas quedarán sin defensa, por lo que ''vamos a tener que confiar en la acuciosidad de algunos ministros y nada más''.

Preocupación y desazón. Ésas son las expresiones que mejor resumen el ánimo que reina en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, luego de que el Senado aprobara la creación del instituto del ramo y una comisión que revisará y heredará los archivos de las comisiones Rettig y Valech.

Este jueves, los profesionales que a diario litigan estos procesos se reunieron para analizar el escenario y nombraron al abogado Boris Paredes, como su vocero.

En entrevista con El Mostrador.cl, el profesional aseguró que la dictación de la ley implicará que los familiares de las víctimas no tendrán defensa judicial, debiendo quedar al arbitrio de algunos ministros que investigan acuciosamente.

¿Cómo recibieron esta noticia?

- Primero que todo, quiero dejar en claro que ésta no es una reinvindicación de carácter laboral.

A ninguno de nosotros se nos ha dicho que nos vamos a quedar sin trabajo o algo parecido, sino que es una preocupación por el destino de las causas.

Desde ese punto de vista creemos que, o por mala fe o por ignorancia, eso no lo podemos calificar se ha entregado información errónea a la ciudadanía que no pensamos que sea el parecer de la Presidenta.

¿En qué sentido?

-Se ha dicho que no importa que el Programa de Derechos Humanos no se pueda querellar ni sostener acciones penales por las víctimas que son detenidos desaparecidos.

Pero resulta que si actuaba en calidad de continuador de la comisión Rettig y si el continuador va a ser este nuevo organismo, el programa va a carecer de todas facultad para seguir haciéndolo.

¿De qué manera califican como abogados esa situación?

- Es grave, por decir lo menos, porque en gran parte de las causas el programa es el único actor real.

Y desde ese punto de vista, es nuestra preocupación y se va a convertir en un instrumento de impunidad.

Y eso es lo que no queremos.

Además, vemos con mucha preocupación que un proyecto que se haya tramitado casi dos años, consensuado, discutido, donde todos los actores opinaron y ¡se cambie en 24 horas por una comisión que salió de la noche a la mañana! Pero aquí también hay una cuestión de futuro, porque creemos que debe existir un organismo independiente que sostenga las acciones penales en casos de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, cuando haya violencia policial, cuando un fiscal tenga aquiescencia con Carabineros.

¿Quién va a representar al ciudadano? Y ahí aparecerá la paradoja de que vamos a pedir de que no desaparezcan las fiscalías militares porque van a ser los únicos que van a poder poner coto a estas actuaciones desmedidas.

¿Y no basta con la propuesta del ombudsman?

- En este momento, el ombudsman no existe, en este momento a las personas se les deja en el desamparo.

Porque este instituto que sale no es más que un centro de estudios.

Basta con los que hay, como el de la Universidad Diego Portales, que como órganos independientes lo hacen bastante bien.

¿Entonces para que sirve este instituto?

Pues para dejar a los familiares de las víctimas sin defensa legal.

¿Puede ser mejorado en la Cámara de Diputados este proyecto o la Presidenta debiera enviar un veto para esclarecer esta situación?

-Creemos que el proyecto lógico era el original, que salió discutido y consensuado.

Insistimos que el nuevo salió de tres personas que dicen 'somos los sabios' y aseguran saber cómo debe ser un Instituto de Derechos Humanos.

Me van a perdonar, pero ¡ninguno de ellos tiene la experiencia que tienen los abogados que trabajamos en el programa!

¿Qué se hace entonces?, ¿se vuelve al proyecto original?, ¿se anula lo que hay?- Eso es lo que hay que discutir. Sucede que eso no puede resolverse en 24 horas con una comisión que tiene cero representatividad, porque no representa a los organismos ni a los abogados que, en la práctica, están llevando las causas y vienen a imponer un instituto que no sirve para nada y es más, ¡es un instrumento de impunidad!

¿Se equivocó el Gobierno al presentar este proyecto?

- No creo que el Gobierno se haya equivocado. Lo que pasa es que aquí se están diciendo cosas que no son ciertas, como que no se a va afectar en nada la actuación del Programa de Derechos Humanos y eso es falso, por ignorancia o por mala fe, eso no lo calificamos.

Lo que sí sabemos es que cuando salga este proyecto al otro día nos van a estar dejando fuera de las causas de derechos humanos.

¿Alguien les ha dicho que ello va a ser así?

- No, pero nosotros conocemos la ley. No basta con que alguien nos diga.

Sabemos lo que sucederá.

De hecho, los abogados de la contraparte nos han tratado muchas veces de dejar fuera de las causas, porque saben que es el escollo.

Y nosotros podemos seguir llevando estos procesos porque tenemos esta calidad y facultades jurídicas esta calidad de continuador va a pasar al instituto se lleva nuestros papeles, documentos, biblioteca, expedientes.

O sea, ¿vamos a mirar el techo? En La Moneda se dice que una cosa no tiene que ver con la otra y que el programa va a seguir tal como antes...

- Insistimos: eso es falso. Porque hay una ley que dice que no tenemos facultades y el instituto tampoco las tiene. Es decir, las causas se quedan sin abogados y vamos a tener que confiar en la acuciosidad de algunos ministros y nada más.