QUE VEINTE AÑOS NO ES NADA QUE FEBRIL LA MIRADA

...a veinte años de democracia en Chile.

El Estado chileno no ha difundido la importancia de los derechos humanos en democracia
Cecilia Medina*
En estos 20 años de democracia, ¿Cómo evalúa los avances en la recuperación y ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos en particular?

- Los gobiernos de la Concertación han hecho avances en reducir los índices de pobreza, con el acceso a salas cunas y la reforma previsional. Pero en términos generales, los derechos ciudadanos, civiles y políticos no han tenido un gran avance. La Reforma Procesal Penal ha sido importante, pero terriblemente criticada por la sociedad, lo cual muestra que el Estado chileno no ha difundido ni capacitado a la sociedad respecto de en qué consisten los derechos humanos y porqué tenemos que respetarlos a todos, así sean delincuentes. Tampoco se ven avances para adecuar la legislación y las prácticas chilenas a las internacionales: éste es uno de los pocos países en Latinoamérica en que la judicatura simplemente ignora los tratados y las obligaciones internacionales, lo cual es una enorme desventaja para el ejercicio de los derechos, porque no hay amparo. Para qué hablar de la discriminación contra los homosexuales y los inmigrantes. Y cómo se impide el voto de los chilenos en el extranjero, cuando la Constitución no dice que hay que vivir en Chile para poder votar.

La libertad de expresión o de reunión han sido cuestionadas últimamente, ¿cuál es su opinión?

- Son todas libertades consagradas en la ley, pero las prácticas judiciales y administrativas impiden que se goce de esos derechos, y es por un problema de la judicatura misma, ya que tenemos una consecuencia cultural por 17 años de dictadura, todo lo cual puede influir para que los jueces no quieran o no entiendan cómo ponerse al día. Es una tarea urgente en Chile que la judicatura empiece realmente a amparar los derechos humanos en democracia: la libertad de expresión, la no discriminación de las mujeres. Y tampoco lo hace el Congreso, que no entiende que el Estado tiene obligaciones internacionales, y todos sus agentes pueden hacerlo incurrir en una responsabilidad internacional, tanto un juez como un legislador.

¿Qué falta en cuanto a la institucionalidad para los derechos humanos, y ciudadanos?

- Está faltando un aspecto importantísimo: no hay un Defensor del Pueblo. No hay un órgano independiente de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, que esté en la Constitución y pueda proteger a los ciudadanos, ser su voz ante la administración pública cuando no es oída. Segundo, falta un Instituto de Derechos Humanos, que se preocupe de promoverlos en Chile, de capacitar a la gente, de asesorar a los legisladores, que haga esa tarea de difusión que es imprescindible que todo Estado tenga. Además de eso, es necesario hacer una revisión de las leyes que existen, que son discriminatorias por sí mismas, como la ley que permite un régimen patrimonial como la sociedad conyugal.

¿Qué avances en esta materia pueden lograrse a través de la Corte Interamericana de DD.HH.?

- La Corte Interamericana tiene el rol de precisar el alcance y contenido de los derechos, y lo ha hecho sistemáticamente. Sólo se pronuncia cuando llega un caso, diciéndole al Estado que éste demuestra que no está cumpliendo con ciertas leyes, pero no puede decirlo de manera genérica. Una vez que la Comisión de DDHH ha presentado un caso ante la Corte, les da a los individuos la posibilidad de hacerse parte y llevar pruebas. Cuando la Corte se ha enfrentado con casos que son en apariencia individuales pero detrás hay muchos similares, a través de las garantías de no repetición, exige a los Estados cambios estructurales para que la sentencia tenga efectividad y beneficie a todo el grupo. De manera que permite avances. Son sentencias tan vinculantes como las normas de un tratado de libre comercio, y eso es lo que los órganos chilenos no entienden y ven como recomendaciones.

¿Cuál es el rol de la ciudadanía para avanzar hacia la consolidación de estos derechos?

- La ciudadanía juega un rol importante, pero la verdad es que labor de estimular esta cultura le corresponde al Estado. Si hubiera una ley que prohíba la discriminación y jueces que apliquen esta ley, la ciudadanía empezaría a cambiar. Primero, porque los discriminados se sentirían legitimados y apoyados en sus demandas, y segundo porque los discriminadores sufrirían las consecuencias de haber infringido una ley. Entonces la ley puede tener un rol impulsor enorme, siempre y cuando haya una judicatura que la aplique con rigor.

Pero, ¿cree que falta una actitud más proactiva en la materia?

- Creo que sería muy útil que la gente realmente empezara a reclamar. Pero aquí hay una sensación de que no tiene sentido y cuando hay problema, en Chile uno no pregunta qué recurso puedo interponer, sino que a quién conozco, lo que da una idea de la poca confianza que tiene la gente en que las instituciones hagan su labor. Todo eso está empezando a cambiar en materia penal y seguramente cuando llegue la Reforma Procesal Penal va a haber cambios.

*Cecilia Medina, abogada y Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE