CARTA A LA PRESIDENTA

Santiago, 03 de noviembre de 2008

SRA. MICHELLE BACHELET JERIA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE
PRESENTE


De nuestra consideración:

La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos viene en expresarle la preocupación, de muchos conciudadanos, en relación a los cobros, por el uso, de un recurso tan importante como el agua.

En efecto, vemos, con sorpresa e indignación, que el Estado de Chile, que Ud. Dirige, establece tarifas, a espaldas de la gente, para garantizar la rentabilidad de los monopolios que administran un bien que era de todos los chilenos.

Esto contrasta con la pasividad, del mismo Estado, frente a la pérdida, de los fondos previsionales de los trabajadores, producto de la especulación financiera.
Lo que nos motiva, a escribirle, es que vemos como se reedita, en nuestro país, el sistema feudal en donde el rey le concedía derechos, a la aristocracia, sobre bienes comunes, a todos los hombres, para legitimar la explotación de la plebe.

Esa realidad, extinguida, por la revolución francesa, se reinstala en Chile cuando la autoridad, le confiere, a transnacionales, el provecho sobre monopolios naturales, como el agua, y otros. De esta manera los usuarios deben soportar el abuso permanente, avalado por el ministro de turno, quien sirve de mensajero real o heraldo, para anunciar, cada cierto tiempo, del alza de tarifas.

Debemos solicitar, entonces, que, el ministerio del ramo, en beneficio de la probidad pública y del sistema republicano, informe al país:

1º De la identidad de los funcionarios que establecen los precios de los servicios básicos como el agua.

2º La declaración de intereses, de tales funcionarios, como sus respectivos currículum y biografías.

3º La forma como se relacionan, privada o públicamente, esos funcionarios, con las empresas monopólicas cuya rentabilidad tienen que asegurar.

4º Cómo se determinan tales tarifas.

5º Cuales son los actos estatales en que dichas tarifas se materializan.

6º Cuales son los fundamentos de tales fijaciones.

7º Cuales son los procedimientos, administrativos, que se emplean para regular tarifas.

8º Dónde se publican los actos estatales que establecen dichos precios.

9º Cuales son las instancias de participación, de los usuarios, en tales procesos.
10º Cuales son los recursos judiciales o administrativos, que tienen los usuarios, para impugnar los abusos y arbitrariedades.

11º Quien certifica la idoneidad de los medidores que se colocan, en nuestras casas, por las empresas monopólicas de servicios básicos.

12º Cual es la justificación de los cobros fijos, que debemos soportar, independientemente del consumo, y que, indirectamente, subsidian a estos monopolios.

13º Cuales son los impuestos, que acrecientan las tarifas, y por medio de los cuales, el Estado, participa de los cobros que se hacen a los usuarios.


Queremos hacer presente, a las nuevas generaciones, que el uso del agua pertenecía a todos los chilenos. Que el Estado confiscó tales derechos para traspasarlos a monopolios corporativos garantizando, de esta manera, la explotación de todos, en beneficio de unos pocos.

Que tal confiscación se hizo a sangre y fuego, por un acto de delincuencia superlativo, cuyos efectos se mantienen hasta hoy. En efecto, el golpe de Estado nos privó, además, de otras riquezas básicas como el cobre, las que, a espaldas del país, también fueron traspasadas, a los saqueadores cercanos al régimen.

Como a Ud. debe constarle, el despojo ocurrió cuando la soberanía popular estaba interdicta por las bayonetas golpistas y el terrorismo de Estado.

Debería llamarnos a reflexión que, el Estado de Chile, resguarde, a pesar de su origen espurio, el dominio que reclaman los explotadores de turno.

La barbarie y el genocidio no pueden sustentar la apropiación, de nuestras riquezas básicas, por parte de los especuladores. El transcurso del tiempo tampoco puede legitimarla.


Resulta paradojal que cuando nos privaron del agua, del cobre, de la electricidad, de los teléfonos, de la dignidad y de la vida, en algunos casos, el Estado no estuvo para garantizarnos esos derechos. Es más, dicho Estado, fue la mano asesina con que nos avasallaron.


Han pasado los años. En Chile, la propiedad, de algunos, sigue teniendo el privilegio de la protección del Estado, aunque sus patrimonios se hayan originado en el saqueo y en el crimen de los más débiles. La mayoría de la población no cuenta con tales garantías. Así lo demuestran, reiteramos, las grandes pérdidas, en los fondos previsionales, originadas en la codicia y en la falta de ética. A pesar del desastre, para los trabajadores, las Administradoras siguen percibiendo sus jugosas comisiones.

Agradeciendo acoja nuestra solicitud de información, en los términos del artículo 8, de la Constitución; y 17, de la ley, Nº 19.880, nos despedimos atentamente.



Irene Bravo García RUT, 5.501.225-3
Rubén Jeréz Atenas RUT, 9.500.895-k
Ricardo Balladares Castilla RUT, 12.966.284-0




ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS


Carabineros de Chile 33, Of. 3

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