Santiago, 08 de Junio de 2009
Señora
Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República de Chile
Presente
SS. Excelentísima, y de nuestra consideración:
A casi 36 años de la muerte de Víctor Jara se abre una pequeña luz de verdad y justicia sobre su horrible y cobarde asesinato.
Los tribunales, hace pocos días, han logrado individualizar a un conscripto del que se presume autoría material en tal hecho.
Debemos recordar que, el día 11 de Septiembre de 1973, Víctor Jara concurrió, a la Universidad Técnica del Estado, para cantar por la paz. El precio de sus convicciones fue la detención, tortura y posterior ejecución por funcionarios del Estado no identificados.
El compromiso delictual, en esa época, recayó sobre el Ejército de Chile que reprimió, a los civiles, con prusiana eficiencia. Dicha institución, sin embargo, a la hora de entregar los antecedentes, sobre los procedimientos y responsables, se rebaja, a sí misma, a la altura de una precaria montonera. No asume la existencia de registros, órdenes, y la individualización de los mandos encargados de la masacre.
De pronto, nos enfrentamos a la demencia estatal. A la amnesia que precede a la impunidad. Al crimen, contra la memoria, cometido por aquellos que pregonan una frívola reconciliación. Estos asesinos, y sus cómplices, promueven una metafórica vuelta de página sobre cadáveres, torturas, exilios e ignominias.
Esta locura moral ha llegado al extremo de la burla. Basta recordar al dictador, devuelto, de su detención en Londres, por los Frei e Insulsas. Con obsceno descaro se levantó victorioso, de su silla de ruedas. La dureza, de la losa del aeropuerto, no fue comparable al rostro del enfermo imaginario. El país fue testigo de la parodia del momento.
Esa misma demencia estatal, que mantiene en la nebulosa a los asesinos de Víctor Jara, permanece hasta el presente.
Son los 50 años de reserva y secreto que impone la ley Valech.
Es el silencio y la impunidad, denunciada, el año 2007, por la violación de menores, de escasos recursos, por policías chilenos, y marinos de la operación Unitas, en Valparaíso.
Es la inoperancia o complicidad, de la Armada de Chile, incapaz de proteger la dignidad e integridad de las niñas abusadas por soldados extranjeros.
Ello pone en duda la justificación del alto esfuerzo que hace el país, a costa de una mejor salud y educación, para mantener el nivel de gasto de las Fuerzas Armadas. Para el caso de las menores abusadas, la unidad de inteligencia de la Armada, Ancla II, tuvo una inutilidad cercana al encubrimiento.
No podemos esperar más de una institución que, en su museo, recibe a los visitantes con una estatua de Merino Castro, a quien se le tiene asignado, además, un cuarto especial. Para la Armada es digno de reconocimiento el haber convertido a la Esmeralda, nuestro buque escuela y símbolo del heroísmo de Prat, en un centro de tortura.
Por ello las victimas no aspiran a que la Armada pida perdón. No se puede esperar decencia de quienes no la tienen.
La demencia estatal también se manifiesta en los carabineros o paramilitares que, sin identificación, detienen, interrogan o fotografían, a quienes, legítimamente, se reúnen, en espacios públicos, a expresar las opciones de los movimientos sociales.
La represión, a cargo de funcionarios anónimos, es promovida por fiscales, y algunos jueces de garantía, que niegan, a los afectados, el derecho a la defensa desde el primer acto del procedimiento.
Así padecen los profesores y alumnos, menores de edad, estigmatizados, como delincuentes, por ejercer, en las calles, los derechos que la Constitución les asegura.
La resistencia, al monopolio bastardo de la partitocracia binominal, se paga con la inhalación de gases tóxicos, de origen desconocido y no autorizados sanitariamente. Sobran ejemplos de su uso indiscriminado. Es la manera que tiene Carabineros para agredir a la sociedad civil cuando ésta se pronuncia frente a un sistema excluyente.
La demencia llega a grados tales que organismo públicos como Corfo, el Banco del Estado y la Policía de Investigaciones, financian, sin licitación alguna, páginas completas, del diario “El Mercurio”, conocido coautor e instigador del genocidio. En un país digno, ese medio, tendría el desprecio de las autoridades y sería considerado una asociación ilícita terrorista. En cambio, algunos se agolpan, para incorporarse a sus páginas sociales, buscando el reconocimiento, de la minoría civil y criminal, que sustentó a la dictadura.
Mención especial tiene el Consejo de Defensa del Estado. Defiende, en nombre del Fisco, la denegación de justicia alegando la prescripción en contra de las legítimas reparaciones de las víctimas de delitos de lesa humanidad. En su embestida no trepida en traer a la vista las paupérrimas pensiones que el Estado, victimario, les otorgó, a los afectados, en leyes especiales, sin debido proceso, y por decisión unilateral.
Sin embargo, omite mencionar los montos pagados a los verdugos, quienes, hasta la fecha, cuentan con suculentas pensiones devengadas por torturar, secuestrar, detener y desaparecer personas.
La contratación de asesinos, por el Estado, con cargo al erario público, nunca mereció reparo de dicho consejo. Tampoco hubo objeción al fusilamiento, y entierro clandestino, en Pisagua, de su abogado procurador fiscal, Julio Cabezas Gacitúa.
Otros ejemplos, de demencia institucional, son los nombramientos de jueces, en la Corte Suprema, vinculados a Consejos de Guerra o partidarios de la impunidad. Esos, que, desde la sala constitucional , aplican, paradójicamente, el Código Civil, llamando negligentes, a las víctimas del terror, por no haber demandado, al Estado, dentro del plazo de 4 o 5 años. Es decir, entre 1973 y 1978.
Para terminar queremos señalar que la amnesia se infiltra en todos los ámbitos. Es el caso del ministro de Hacienda que aparece en la portada, de las últimas noticias, el año 2008, señalando que no se encontraba nervioso. Mientras tanto se avizoraba el asalto, institucionalizado, perpetrado por los especuladores, de siempre, que se apropiaron, del 40%, de los fondos previsionales de muchos trabajadores. Un ministro de Hacienda que participó en la gestación del crimen social llamado Transantiago. Que lo financia, irregularmente, con préstamos internacionales suscritos a espaldas del Congreso. Que extrae fondos, por US$ 1.000 millones, de los excedentes del cobre, para inyectarlos, en la plaza y de manera encubierta, en beneficio de 4 bancos privilegiados. Estos son síntomas a considerar.
No deja de llamar la atención que Jorge Rodríguez Grossi, responsable, el año 2003, por negligencia inexcusable, del robo de los bonos de Corfo, por Inverlink, y reducidos por la banca formal, fuera nombrado para sanear la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Tampoco resulta un dato menor que su remuneración pasara, de $ 4.245.000, el 2007; a $ 15.552.000, el 2008.
Por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que, al final de su mandato, sigue rampante la cultura autoritaria que impide conocer la verdad, íntegra, sobre el crimen de Víctor Jara. Hijo del inquilino Manuel y de Amanda, lavandera y cantautora.
La demencia, la impunidad, el anonimato, y la amnesia del Estado, están más vigentes que nunca.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
Con copia a: Corte Suprema
Ministerio de Defensa
y Consejo de Defensa del Estado
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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