Blog El Mercurio
Por Phillip Durán
Hace cerca de un mes, la embajada de Chile en Ginebra envió al Alto Comisionado de la ONU para DD.HH. una copia del proyecto de ley que se tramita en el Parlamento para la creación de un instituto de derechos humanos. Poco después, el organismo regresó el texto con numerosos comentarios, varios críticos a una de las propuestas emblemáticas de la Presidenta Michelle Bachelet.
El texto fue enviado por la embajada luego que el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, expusiera la primera semana de mayo ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, en Ginebra, y recibiera varios comentarios de otros países pidiendo una institución dedicada especialmente al tema.
En su respuesta a Chile, el organismo de Naciones Unidas cuestiona la "intervención" que puede tener el Presidente de la República al fijar los estatutos de un organismo "autónomo" y que en el consejo del instituto haya representantes del gobierno, pues éstos deben ser "independientes". Pero, además, cuestiona la forma en que el proyecto establece la facultad del instituto para iniciar acciones legales, lo que ha sido el principal escollo para su aprobación en el Congreso.
El proyecto -que se votará el miércoles en la Cámara de Diputados como último trámite- afirma que el instituto podrá "deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia". Ante esto, la oficina de la ONU sostiene que esta responsabilidad "debería estar mejor definida con el fin de que pueda determinarse claramente cuál será la función del instituto ante los tribunales de Justicia; es decir, en qué calidad actuará dentro de un proceso judicial".
"Algunos abogados nos han dicho que eso es imprescindible, pues lo exige el Código Penal", dice Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de DD.DD., que pide que el proyecto diga expresamente que el instituto puede iniciar querellas y hacerse parte en juicios en marcha.
El jefe de bancada de los diputados PS, Marcelo Díaz, dice que respalda la postura de la agrupación. Harán lo mismo otros diputados, como Denise Pascal y Sergio Aguiló. A su turno, el jefe de bancada PPD, Ramón Farías, dice que ellos darán su respaldo sólo si el gobierno firma un compromiso de que rectificará este punto con un nuevo proyecto. Tanto Díaz como Farías recibieron el texto de la ONU la semana pasada, de manos de la ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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