DEMOCRATIZAR LAS COMUNICACIONES.: UN DESAFIO URGENTE‏

De:


Democratizar las comunicaciones: un desafío urgente
para los DDHH en Chile

Tras los esfuerzos por mantener en pie un proyecto colectivo que busca
fortalecer la conciencia y la cohesión social, más las experiencias
locales adquiridas como la de haber logrado integrar a vecinos de
diversas edades en la producción de una comunicación independiente. Al
día de hoy, es mucha la impotencia que han acumulado en el curso de
este año los comunicadores sociales del mundo popular. Esto es debido
a que, a la fecha, se han podido constatar, en diferentes regiones de
nuestro país, varios casos de cierre de medios de comunicación
comunitarios. Tales como los que se señalan a continuación: En agosto,
se formalizó al representante legal de Radio Sin Tierra de Villa La
Reina, por la transmisión de señales radiofónicas sin tener las
licencias correspondientes. A éste se suman, el cierre de las radios
Conexiones y Renacer de Lota, VIII región, y de Radio Galactika de San
Antonio, V región. La incautación de equipos a Radio Montedónico 2000
y UV 15 de Valparaíso, V región, siendo también amenazada la radio
Placeres de la misma ciudad. Así como el hostigamiento y amenazas
sufridos por radios La Voz de Estación Central y 1º de Mayo de Pedro
Aguirre Cerda. Las acciones judiciales en la mayoría de los casos han
sido presentadas por la Asociación de Radiodifusores de Chile ARCHI,
gremio que agrupa principalmente a los empresarios de la
radiotelefonía. Todas fueron acusadas por el artículo 36 B de la Ley
de Telecomunicaciones, que otorga penas de hasta 3 años de prisión,
multas de hasta 140 millones de pesos y la incautación de los equipos.

Por otra parte, este año también sufrieron hostigamiento y represión
medio televisivos como: Umbrales TV, canal de televisión popular de
Villa Francia y el canal comunitario de Malloco NDTV. En agosto, la
Subsecretaria de Telecomunicaciones solicitó a la Agrupación de
Audiovisualistas de Pichilemu demostrar su autorización para operar;
las características técnicas del sistema radiante y del transmisor
utilizado; y la frecuencia de operación del sistema y horarios de
transmisión del Canal 3 de Pichilemu, VI región. Lo mismo ocurrió al
Centro Cultural “Red Comba TV”, IV región, cuya demanda fue imputada a
su presidenta, por el delito de operar servicios o instalaciones de
telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin
autorización de la autoridad respectiva, previsto y sancionado en el
artículo de 36 B letra a) de la Ley 18.168, Ley General de
Telecomunicaciones, la misma utilizada para las radios. Sin embargo,
esta ley no rige a los canales comunitarios. En Chile no existe una
legislación específica para éstos, por lo tanto, no pueden ser
ilegales ni legales. A pesar de esto, a los dos canales se les ha
prohibido transmitir, siendo amenazados de cierre.


Si bien, la Cámara de Diputados acaba de aprobar el Proyecto de Ley
que crea los servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana,
presentado como un proyecto que favorece la existencia de radios
comunitarias, esta nueva ley limita más bien su funcionamiento y
condiciona su existencia al control del Ejecutivo. Ahora, se les
exigirá la posesión de una personalidad jurídica, responder a ciertos
grupos estipulados por la ley, debiendo algunos ser reconocidos como
tales por otros cuerpos legales y visados por el Ministerio Secretaria
General de Gobierno, y en el caso de los pueblos originarios, por la
D.O.S. Además, se mantiene lo dispuesto por la Ley General de
Telecomunicaciones, promulgada en 1982 durante la dictadura de
Pinochet para silenciar a las radios opositoras.

Por otra parte, actualmente se discute en el Parlamento, la adaptación
de la Ley de Televisión Nacional en su traspaso a la norma Digital,
tecnología que se introduce en todo el mundo, y que el gobierno de
Chile, después de años de indecisión, acaba de optar para esta, por la
norma japonesa. Ante el conocimiento de este proyecto de ley, en
abril, la Red de Televisiones Populares (RTP) manifestó su
preocupación a la presidenta, ya que el proyecto inicial no incorporó
en su elaboración la participación de todos los actores involucrados,
y no menciona a las televisiones comunitarias, por lo que se solicitó
una audiencia que aun no se ha llevado a cabo. Sin embargo, la RTP
elaboró indicaciones al proyecto de ley, con el fin de incorporar sus
propuestas, lo que les permitió ser invitados al Parlamento y
escuchados por la Comisión de Ciencia y Tecnología en Julio.

Pero mientras se avanza por un lado, se retrocede por otro, en Agosto,
la Ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá y la
Presidenta de la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, Vivian Heyl, celebraron la firma del Convenio que crea el
Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo
Nacional y que permitiría dar cumplimiento a la Ley de Prensa,
ceremonia a la cual no se informó a tiempo a los medios comunitarios e
independientes, siendo invitada la RTP el día anterior y anulada dicha
invitación ese mismo día. Este vergonzoso hecho demostró claramente la
autenticidad de la intención pluralista del gobierno, aunque la
ministra se comprometió a recibirlos prontamente.


En cuanto a la Ley de Prensa, es evidente que la prensa escrita está
considerablemente afectada por la falta de pluralismo informativo y
por la pésima distribución del avisaje publicitario estatal,
concentrado en dos grandes conglomerados. Pero las evidencias no
pueden quedar silenciadas tan fácilmente. La valentía la tuvo la
revista Punto Final que demandó hace un año al Estado chileno por
discriminar a los medios independientes en la distribución del
avisaje. En la ultima audiencia a principios de septiembre, ante el
Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), el abogado del Consejo de
Defensa del Estado, Gonzalo Velásquez, que representa los intereses de
los ministerios de Hacienda, Justicia y Mideplan, aseguró que “los
ministerios demandados se han ceñido de manera estricta a la ley” .
Esta iniciativa es de gran importancia, puesto que abre el debate a la
opinión pública chilena y también por que incluye la mirada del
derecho internacional de los derechos humanos.

Y si de DDHH hablamos, podemos agregar la persecución y/o
amedrentamiento a los comunicadores sociales, todos los golpes y
vejaciones que reciben regularmente reporteros, fotógrafos y
camarógrafos cuando cubren manifestaciones públicas. Y es que en Chile
los DDHH no terminan de violarse. Recordemos también que recientemente
fue aprobada por la Cámara de Diputados una ley que restringe las
libertades democráticas, responsabilizando civilmente a organizadores
de manifestaciones en el espacio público donde se produzcan
“desordenes o desmanes”. ¡Qué ejemplo más fiel de la nula libertad de
expresión que se puede ejercer en nuestro país! Al mínimo intento de
expresar una reivindicación los administradores del país protegen sus
arcas, sus puestos y sobretodo su imagen, sacando los perros a la
calle, soltando a los dragones, lanzando a sus fuerzas a enfrentar a
la ciudadanía para aplicar toda la violencia e inhumanidad que permite
el control del espacio público.

Es así como son violentados los DDHH de los pueblos, nuestros derechos
colectivos a ser consultados, a ser partícipes de las políticas
públicas, a opinar y decidir sobre el destino de los recursos
naturales de los territorios que nos pertenecen; por ser parte de una
nación o de un pueblo originario. Son derechos consagrados en las
convenciones internacionales de DDHH, algunas ratificadas por Chile,
para mostrarse como un país democrático a los ojos del mundo. Pero,
qué sabe el mundo cuando la imagen que ve de Chile es lavada,
maquillada y estilizada por la mayoría de los medios de comunicación
oficiales y masivos, nacionales y extranjeros. Prácticamente son los
sitios de Internet, blog’s y listas de correos electrónicos, los que
logran hacer circular la información sobre las violaciones a los DDHH
en nuestro país; las de primera generación, como son el derecho a la
vida que se ve afectada con la represión policial, con la
privatización del agua, con la contaminación del mar. Por eso, es
preciso hablar de violaciones a los DDHH también cuando se trata de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son por ejemplo los
derechos a la salud, a la vivienda. Y también de los Derechos de los
Pueblos, que son aquellos que surgen de éstos mismos, dando
reconocimiento y dignidad a comunidades, a naciones y que contribuyen
de forma colectiva a mejorar la calidad de vida de los pueblos y a
respetar las diferentes visiones del mundo.

El derecho a la comunicación es uno de éstos últimos. En América
latina este es un derecho emergente, fruto de la tendencia regional a
abrir mayores espacios democráticos y como una consecuencia del
surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación (NTIC). Este hecho ha transformado las relaciones
humanas, las estructuras socioeconómicas, las interacciones dentro de
las comunidades y las proyecciones políticas de forma tan considerable
que la información ha pasado a ser el centro de la organización social
y fuente de riqueza y poder. “Dada la importancia de las NTIC para la
sociedad, el acceso en condiciones de igualdad material a la
información y al conocimiento producido por esta misma debe
convertirse en un derecho para todas las personas, que no puede estar
sometido a las leyes del mercado y que requiere de una protección
jurídica especifica” .

Por estos motivos, las iniciativas de la Red de Televisión Comunitaria
(RTP) y Red de Medios de los Pueblos (RMP) se vuelven indispensables.
La decisión de apoyarse mutuamente y generar mecanismos para ejercer
sus derechos, generando lazos a lo largo de todo el país, ha
demostrando que la unidad y la organización son indispensables en la
lucha por la democratización de las comunicaciones. Para continuar
ejerciendo una labor social, sin fines de lucro, informativa,
educativa y de desarrollo local que practican los medios de
comunicación comunitarios. Es así como, la presencia de la RTP en el
seminario de TV digital organizado por el Centro de Políticas Publicas
de la Universidad Católica, y de la RMP en el Foro de la Libertad de
Expresión organizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen de
la Universidad de Chile, son iniciativas trascendentales para
posicionarse en la discusión a todos los niveles y escenarios. En el
primero, se interrogó al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones,
al Subsecretario de Telecomunicaciones y al Vicepresidente del Consejo
nacional de televisión sobre el cierre de los canales comunitarios. En
el segundo, se denunciaron los casos aquí mencionados ante la relatora
especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados
Americanos, Catalina Botero.

Hoy es urgente impulsar estas iniciativas y reconocer que la sociedad
civil es capaz de expresar sus reivindicaciones y generar propuestas.
Por lo que uno de nuestros desafíos actuales para los DDHH en Chile es
que la comunicación sea considerada como un derecho fundamental, que
se distribuya el espectro radioeléctrico equitativamente en tres
tercios (publico-estatal, privado y comunitario) y que el Estado
asegure el acceso a todos los ciudadanos al uso y a los recursos de
las NTIC’s.

Nanette Liberona
23 de septiembre de 2009
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Asamblea Nacional por los Derechos Humanos