Fuente: dpa | 28/09/2010
Santiago de Chile, (dpa) - Los 34 presos mapuches en huelga de hambre hace 78 días en Chile rechazaron la última oferta del gobierno de Sebastián Piñera, en medio del temor de una muerte "inminente" de varios de ellos.
Los indígenas, en el marco de las negociaciones con la Iglesia católica y el Ejecutivo, exigieron seguir las conversaciones con representantes de los tres poderes del Estado.
La solicitud, que sería rechazada al menos por el Poder Judicial, surgió ante la imposibilidad del gobierno de comprometerse a que los activistas mapuches no sean procesados nunca más por una polémica ley antiterrorista, rechazada incluso por Naciones Unidas.
Dicha norma, tema central de la actual crisis, permite que los mapuches sean sometidos a juicios dobles por las justicias civil y militar, impidiendo además su excarcelación mientras dura el proceso.
"Llamamos al resto de los poderes del Estado a que se sumen a esta mesa (de negociación), para que podamos encontrar una solución a esta huelga de hambre. El gobierno dice que no puede hacer más", planteó hoy el werken (vocero) Rodrigo Curipán.
El representante del gobierno en las tratativas, el viceministro de gobierno, Claudio Alvarado, replicó desde el sur del país que él no podía responder a esa demanda. "No puedo comprometerme a eso".
Desde Santiago, tras prometer que el gobierno retiraría las querellas por ley antiterrorista, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acusó a los mapuches de llevar la crisis "al límite".
"No es posible que un conjunto de ciudadanos -por muy respetable que sea- piense que puede estar por sobre la ley, y pedir que se incorporen los jueces, los fiscales, pedir que se deroguen las leyes, no está dentro de lo que nuestro sistema democrático considera como posible para una solución a un problema, que es delicado, pero que también tiene sus limites", argumentó.
"A lo imposible nadie está obligado. Hay un límite para todo, y aquí siento que estamos llegando al límite", subrayó Hinzpeter, el político más cercano al presidente Piñera.
La crisis además derivó en el fin del papel de la Iglesia católica como mediadora en el conflicto, como dijo el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, a cargo de impulsar el diálogo.
"Yo no me puedo constituir en facilitador de diálogo con otros Poderes del Estado", indicó el religioso, quien figura como probable futuro cardenal en Chile.
El fracaso en las negociaciones, en medio de nuevas críticas de Naciones Unidas a la aplicación de la ley antiterrorista, reavivó el temor de una muerte inmininente de los presos mapuches, resaltaron hoy organizaciones de derechos humanos en una misiva a Piñera.
"Nos dirigimos a usted para manifestar nuestra gran preocupación frente al peligro inminente que corre la vida de 34 personas mapuches procesadas por ley antiterrorista", sostuvieron en la carta.
Las entidades, algunas de las cuales mantienen lazos de larga data con las comunidades mapuches, solicitaron al mandatario "su urgente intervención en esta caso", para asegurar "la convivencia intercultural en la región y en el país".
Además criticaron la "tardía" reacción del gobierno ante el caso, en especial ante la demanda de los activistas mapuches de no ser sometidos a juicios dobles por la justicia civil y militar.
"En caso de no adoptarse dichas medidas en forma urgente, su gobierno se hará responsable no sólo del daño a la salud y de la muerte de los huelguistas mapuches, sino también del grave impacto que ello tendrá para la convivencia intercultural", concluyeron.
La reforma a la ley antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet e invocada por la ex presidenta socialista Michelle Bachelet contra los mapuches, es discutida con "suma urgencia" en el Congreso.
La crisis entre los mapuches y el Estado no ha podido ser eludida pese a que las autoridades entregaron o regularizaron la propiedad de medio millón de hectáreas a estos indígenas desde 1990.
El nudo del problema es que los mapuches consideran, en base a antiguos títulos de merced, que unas tres millones de hectáreas les pertenecen en el sur del país, zona agrícola, forestal y turística.
También un gran número de ellos no se considera chileno.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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