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viernes, 10 de septiembre de 2010

Y ASI TENDRAN QUE ESTAR EXPLICACIONES TRAS EXPLICACIONES .




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Gobierno chileno explica a embajadores UE medidas ante huelga hambre mapuches
10 de Septiembre de 2010 • 3:11

Santiago de Chile, 10 sep (EFE)- El Gobierno chileno convocó a los representantes de los países de la Unión Europea para explicarles las medidas que ha tomado ante la huelga de hambre de 32 mapuches encarcelados en el sur del país, y que están contenidas en un documento al que tuvo acceso hoy Efe.

A la cita, encabezada por el director general de Política Exterior, el embajador Alfonso Silva, acudieron ayer diplomáticos de Estados miembros de la Unión Europea y también de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, países con un relevante porcentaje de población aborigen.

En este documento, que hace un repaso de la política indígena implementada por la Administración de Sebastián Piñera, en el poder desde el pasado 11 de marzo, se abordan distintos aspectos relacionados con el denominado "conflicto mapuche".

En relación con la huelga de hambre, que los presos iniciaron con el fin de mejorar sus garantías procesales y exigir un juicio justo, el informe señala que el presidente "está decidido a impulsar un importante mejoramiento de las condiciones en que la defensa penal pública presta su atención".

El documento alude además a los dos proyectos de ley enviados esta semana por el Ejecutivo al Congreso, el primero de los cuales excluye a los civiles de la justicia militar y establece un estatuto de protección para los policías.

El segundo proyecto firmado por Piñera busca perfeccionar la tipificación de los delitos terroristas y reducir "aquellas penas que aparecen excesivas" al compararlas con las que la legislación contempla para delitos de gravedad equivalente.

"El envío de estos proyectos de ley constituye un gran esfuerzo del Gobierno por dar un paso inédito y fundamental para que Chile se sitúe en esta materia dentro de los estándares y recomendaciones internacionales", reza el texto.

La presentación de las dos iniciativas se ha interpretado también como un gesto en respuesta a las principales demandas de los mapuches, que exigen acabar con el doble enjuiciamiento, civil y militar, y con la aplicación de la ley antiterrorista contra ellos.

Los huelguistas, que se consideran presos políticos, están acusados de cometer delitos contra la propiedad en el marco de la reclamación de tierras en la región sureña de La Araucanía en manos de latifundistas y empresas madereras.

Respecto a su estado de salud, el Gobierno asegura que la Gendarmería (guardia de prisiones) ha realizado un control diario de la condición de los internos, "comunicando diariamente al nivel central todas las situaciones que se detectan".

Además, la autoridad penitenciaria nacional ha previsto el "desarrollo de acciones concretas que permitan preservar la integridad física" de los presos, 20 de los cuales llevan ya 61 días en huelga de hambre, desde el pasado 12 de julio.

El Gobierno chileno también explicó a los embajadores que se ha autorizado a los presos a recibir atención de "una médico de confianza", Berna Castro, así como visitas del delegado médico del Comité Internacional de la Cruz Roja, Allan Vuillemier.

Según el documento, se ha facilitado asimismo el ingreso a los penales de Temuco, Valdivia, Concepción, Angol y Lebu a parlamentarios, organizaciones no gubernamentales y directores del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En el caso de la política de entrega de tierras, que es el núcleo de las movilizaciones mapuches, el Ejecutivo enfatiza que "no quiere repetir los errores del pasado", en alusión a los 20 años de Gobiernos de la Concertación de centroizquierda.

Para ello ha decidido revisar "caso a caso" los procesos de compra de tierras que al 11 de marzo de este año ya estaban en curso con el fin de "velar que cumplan con criterios de rigurosa imparcialidad".

El documento también hace alusión a otros aspectos de la política indígena, como la promoción cultural, el apoyo a su desarrollo, una nueva institucionalidad y la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a ser consultados. EFE frf/mf/eat

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE

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