Familiares de los presos políticos mapuche piden que vengan observadores desde el extranjero a presenciar un juicio que se llevará a cabo en contra de ocho presos mapuche de las cárceles del sur de Chile, procesados por conflicto territorial de la zona del Lago LLeu-Lleu. La solicitud se da con el fin de transparentar los procesos de tal manera que se realice un juicio justo a los comuneros en cuestión.
A través de un comunicado público, los familiares de estos ocho presos políticos mapuche expresaron las causas que los llevan a pedir esta observación internacional. Entre ellas, está el hecho de que la Ley Antiterrorista les ha sido aplicada sólo por el hecho de ser mapuche, lo cual eleva considerablemente las penas a las que se ven expuestos en caso de ser considerados culpables por hechos que sindicados en leyes comunes implican condenas muy inferiores.
Del mismo modo, los familiares denuncian que durante la aplicación de esta ley se ha incurrido en arbitrariedades, falta de garantías y violaciones al debido proceso. Ese es el caso del “Secreto de Investigación” sumado a la “Prisión Preventiva” lo cual ha permitido que los comuneros hayan pasado hasta 1 año y 6 meses en prisión preventiva sin ni siquiera conocer las pruebas con las cuales se les inculpa. “Esto ha impedido una defensa justa y viola la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial chileno y violando derechamente el Convenio 169 de la OIT”.
Además, según reza el comunicado, la presentación de “Testigos sin Rostro”, de los cuales no se sabe si son reales, inventados o si tienen alguna animadversión en contra de los imputados, “muchos de ellos son instrumentalizados por la policía y fiscales”, advierten.
Los familiares también denuncian graves violaciones contra los derechos humanos, tales como torturas, presiones indebidas, hostigamiento a familiares, secuestros, etc. Del mismo modo, recalcan “la aberración jurídica más grande la ha constituido el doble juzgamiento” al que están sometidos cinco presos políticos mapuche del “Proceso de Recuperación Territorial de Choque” quienes, por un mismo hecho, están siendo procesados por la justicia civil y por la militar al mismo tiempo.
El comunicado denuncia también que “Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos, miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aún prevalece en este país, quien ha hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales durante todos estos años”.
El juicio se desarrollará a partir del 8 de noviembre del año en curso, en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío, y el objetivo de solicitar estos observadores externos es conseguir transparentar esta etapa del proceso judicial y, con ello, lograr estándares adecuados que permitan al pueblo mapuche estar en igualdad de condiciones ante la ley que el mismo Estado chileno les ha impuesto.
Por Katherine Torres T.
El Ciudadano
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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