Por: Victoria Lozano
Este lunes 29 de noviembre en la Universidad Diego Portales se realizó el lanzamiento del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2010, en el cual participaron Jorge Contesse, Director del centro de derechos humanos de la misma institución que dirigió y presentó la investigación y los invitados Fernando Paulsen, periodista y Lorena Fries, Directora del Instituto de Derechos Humanos.
El texto, un libro de distribución gratuita y de una extensión de 476 páginas es a pesar de las limitaciones del flujo de información y el acotamiento de los temas en la tensión de lo general a lo casuístico, una de las grandes tareas realizadas a favor de los Derechos Humanos en nuestro país, un tremendo aporte en la investigación y visibilización, sin duda uno de los más importantes referentes actuales.
El documento inicia con el capítulo de Verdad y Justicia: las violaciones de los derechos humanos en el pasado, que continúan siendo un tema de trascendencia nacional. “Con la llegada de Sebastián Piñera a la Presidencia se aprecia un estancamiento de las medidas adoptadas por la administración anterior. Existe una intención de avanzar en verdad y reparación, pero se echa de menos una política clara y precisa. Un ejemplo, entre otros, es el debate producido por los indultos del Bicentenario”. Del cual se desprende las siguientes recomendaciones:
Reconstruir la memoria histórica.
Dotar de los recursos necesarios para continuar la investigación y sanción de los responsables de los delitos cometidos entre 1973 y 1990.
Establecer reparaciones efectivas para las víctimas, en los ámbitos penales, civiles y administrativos.
Derogación de la ley de amnistía y modificación del Art. 150 del Código Penal, adecuándolo a la Convención contra la Tortura.
El segundo capítulo, “Protesta social y Derechos Humanos” toca una de las grandes deudas de la prometida democracia. “Hoy, las mismas autoridades se sienten más seguras y respaldadas en la persecución del delito, expresión con la que se refieren autoridades y carabineros a las movilizaciones sociales”. Recomendándose en estas materias:
Adecuar el marco constitucional para que se respete el derecho a la protesta.
Establecer legalmente criterios para el momento de autorizar reuniones en espacios públicos, de acuerdo a los estándares del derecho internacional en DDHH.
Instruir a los funcionaros a no emitir declaraciones que respalden la violencia estatal mientras existen investigaciones pendientes.
No preservar en el proyecto de ley que impone la obligación de pagar los daños a los organizadores de las movilizaciones.
Reformar el sistema de justicia militar reduciendo su competencia para juzgar civiles.
Discutir y proponer una reforma legal a los procedimientos de investigación internos de Carabinero de Chile, adecuándolos al debido proceso.
Que Carabineros y sus funcionarios están debidamente identificados en las movilizaciones ciudadanas.
Capítulo aparte es “Derechos humanos y justicia militar” en el que se aclara lo urgente de una reforma que excluya a los civiles y someta a los militares a una justicia que satisfaga las garantías del debido proceso. Aquí se mencionan explícitamente los casos Palmara, Huenante y Catrileo.
Frente al sistema penitenciario y derechos humanos, el capítulo cuarto, expone la situación crítica del sistema carcelario en Chile, los maltratos y muertes de internos, el déficit estructural y los espacios colapsados, la tortura y los derechos de los encarcelados.
“Libertad de expresión: acceso a la información y libertad de comunicación”. El derecho humano de la libertad de expresión e información es uno de los pilares de una sociedad democrática.
En este capítulo se da cuenta del seguimiento luego de publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que ha cumplido en sus objetivos sólo de manera parcial, a la vez que se abordan los obstáculos que derivan de la concentración de medios radiales, televisivos y prensa escrita. Analizándose especialmente las persecuciones y represiones que han vivido las radios comunitarias. Y recomendándose al Estado el establecimiento de políticas que incentiven la creación de medios alternativos, sin intromisión en sus líneas editoriales. Así como urge la derogación del artículo 36-b para terminar con los allanamientos y procesos penales que deben enfrentar los comunicadores populares cuando no han sido incorporados a la burocrática y limitada legalidad.
Otros espacios de esta investigación son los de “Acceso a la justicia y violencia contra la mujer”, “Derechos humanos de refugiados y migrantes”, “Diversidad sexual y derechos humanos”, “Terremoto y Maremoto en Chile: una visión desde los derechos de los niños afectados”, “El derecho a voto de las personas con discapacidad”, “Medio ambiente y derechos humanos: justicia ambiental y el caso de Rinconada en Maipú”, “El modelo de trabajo en Chile y los derechos de los trabajadores”, “ La responsabilidad empresarial y derechos humanos: el caso de la gran minería” y” La Institucionalidad de los derechos humanos en Chile”.
Una investigación que debiera marcar referencia para las políticas de Estado y que se agradece por la seriedad y variadas fuentes que consultó, se extrañan eso sí, un capítulo para la educación y salud pública, deudas esenciales en nuestro país, así como una extensión urgente al hablar de pueblos originarios para los 7 que no están presentes en este documento, como el pueblo aymara y rapa nui, que también son víctimas de violaciones del modelo dominante.
fuente trinchera de la imagen
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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