Corrupción militar y explotación ilegal del Cerro Chena en El Ciudadano Nº 90
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Contratos ficticios, exploraciones ilegales, riesgo de daño ambiental inminente en la zona y una serie de irregularidades son las mayores preocupaciones que sienten los vecinos del sector sur de Santiago, quienes están en pie de guerra ante la aprobación de un proyecto de extracción del mineral de puzolana.
Entérese cómo el ejército ha sorteado ilícitamente las normativas medioambientales y del propio Ministerio de Defensa, para lucrar con una actividad del todo ilegal, haciendo pasar la explotación minera como venta de escombros.
La corrupción, entendida como abuso del poder en beneficio propio, está presente sobre todo en las relaciones de negocios y política. De esto no escapan las Fuerzas Armadas y de Orden, que el conservadurismo criollo gusta en llamar la “reserva moral de la nación”, convertidas, durante los 17 años de la dictadura de Pinochet en un verdadero “Estado dentro del Estado”.
Si bien desde 1990 las FFAA chilenas han ido lavando su imagen en cuanto al tema de derechos humanos, sigue pendiente la información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Pero eso no es lo único que espera resolución; las irregularidades y abusos que se cometen al interior de las instituciones armadas deben ser esclarecidas: casos documentados de racismo, misoginia, homofobia, injusticias y abusos de oficiales contra subalternos y muertes de conscriptos por maltratos, entre otros, duermen en la impunidad.
Un Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, da cuenta de algunos de estos atropellos, los cuales han sido presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU.
Carabineros chilenos han sido sindicados como responsables del asesinato de por lo menos 60 personas desde 1990, entre ellos estudiantes, obreros y mapuches. Constantemente se conocen casos de torturas o golpizas de parte de estos uniformados. Sin ir más lejos, carabineros de Puerto Montt están implicados en el único caso de un detenido desaparecido en “democracia”, el del adolescente José Huenante.
En el libro La delgada línea blanca (2000) del periodista Rodrigo De Castro, se muestra la participación de las fuerzas armadas chilenas en el tráfico de armas y drogas durante la dictadura de Pinochet. A raíz de la Operación Príncipe -secuestro del coronel Carlos Carreño (1987) por parte del FPMR-, se descubrió la participación del Ejército en el tráfico de armas a Irán. Dos años más tarde (1989), el asesinato del empresario Aurelio Sichel dejó al descubierto la existencia de “La Cutufa”, financiera clandestina de miembros de las FFAA que funcionaba desde 1985. Más tarde, en 1992, el asesinato del coronel Gerardo Huber, develó el vínculo de la institución armada con el tráfico de armas a Croacia. Gennadiy Moskalev, ex marino ruso, relató a El Ciudadano –antes de regresar a su tierra natal- que en 1995, en reuniones que transcurrieron en una casa que él arrendó en Rocas de Santo Domingo, oficiales de las FFAA chilenas –tanto activos como en retiro- participaban de negociaciones sobre tráfico de armas, en el contexto de lo que posteriormente (1998) se conocería como Operación Océano: Manuel Losada y un coronel de inteligencia del Ejército, en conexión con narcos peruanos y colombianos, integraban una red internacional de tráfico de cocaína. Otros casos conocidos por la opinión pública aparecen en el artículo “Negocios ilícitos de quienes visten uniformes”.
El reportaje “Ejército involucrado en explotación minera ilegal” nos indica que las irregularidades siguen estando presente en las instituciones que se supone están destinadas a protegernos. Ningún cuerpo del estado chileno debería estar al margen de la necesaria transparencia y honestidad, menos en un país como el nuestro, que tiene uno de los mayores gastos militares per cápita de América Latina. En esta edición número 90, El Ciudadano pone en sus manos una investigación que revela un nuevo caso de corrupción por parte de las FFAA. Esperamos que esta vez, sí existan repercusiones, sanciones y se rompa el cerco informativo.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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