Sebastián Piñera consigue invisibilizar La Nación mediante cierre de versión papel
La Junta de Accionistas de La Nación decidió, el viernes en la mañana, que la continuidad del medio se dará solamente en su formato digital, por ahora. Así, el próximo domingo 28 de noviembre, terminan 93 años del único diario de circulación nacional que no pertenecía al duopolio de El Mercurio y La Tercera.
Periodistas y funcionarios del periódico se han movilizado para informar a la ciudadanía y ejercer todas las presiones posibles. El mismo viernes se realizó una manifestación en el frontis del diario, la cual contó con cánticos, carteles, instrumentos musicales y pasamanos. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, la palabra definitiva fue tomada unilateralmente por los accionistas del medio.
En este caso, el 70% de las acciones son de propiedad estatal. Según Nancy Arancibia, presidenta del sindicato de periodistas de La Nación, quien verdaderamente incidió en el fallo final fue el Gobierno, “por sobre los privados”. Es más, de acuerdo a información extraoficial y oficial que manejan los trabajadores del medio, la responsabilidad “es única y exclusivamente del Presidente”, dice la reportera.
Arancibia puntualiza que de todas las acciones que como trabajadores realizaron durante los pasados siete meses para fomentar proyectos alternativos en rescate del diario, tal como se conocía -entre los que destaca la mantención de La Nación con una estructura pública similar a la de TVN, que dé garantía a todos-, ninguna fue escuchada. Incluso, “nadie nos recibió en La Moneda, a pesar de haber insistido en reiteradas ocasiones”, contó.
Es así como se entiende que la medida ya estaba tomada desde el alto mando. Además, “el presidente del directorio y representante del Presidente de la República, Daniel Platovsky, nos dijo que efectivamente era Sebastián Piñera quien había decidido el cierre de este diario en democracia”, dice la dirigente.
Jorge Escalante, periodista del medio con experiencia en investigación, agrega que hubo una época en que “fue el único diario que dio la pelea por los derechos humanos y para decir la verdad respecto de esos temas”, cosa que en algún momento molestó a gente con algún grado de poder.
De esta manera, el panorama no es muy esperanzador para funcionarios y periodistas que intentarán evitar la clausura de la versión impresa. Para Escalante, periodista del medio y con trayectoria en investigación, esto responde a una “venganza política” del actual Gobierno, puesto que la UDI (Unión Demócrata Independiente) y Sebastián Piñera anunciaron durante la campaña que lo cerrarían al llegar al Ejecutivo.
En el mismo orden se manifestó el senador PPD, Guido Girardi, quien calificó de “vendetta” la decisión tomada por la junta de accionistas del diario, y agregó que el final del medio impreso “es parte de la política de la derecha de disminuir en Chile un bien escaso y valioso que es el pluralismo informativo”. El concertacionista señaló que “el derecho a la información y la opinión” es inalienable y que el medio “aportaba a la diversidad informativa del país”.
Pero Escalante también señala que hubo un tiempo en que La Nación y sus periodistas “nos metimos con cuanto perro grande se nos atravesó”, sin miedos, cosa que hace tiempo que ya no pueden hacer por política de sus directores, enfatiza el periodista, dando a entender que la Concertación tiene un alto grado de responsabilidad en que el periódico bajara su calidad informativa y, por consiguiente, decayera en el estado en que se encuentra.
Por su parte, Rodrigo Quiroz, periodista y editor de la sección de cultura de periódico, lamenta el modo en que el Gobierno anterior utilizó a La Nación durante tantos años, “yo creo que la Concertación es muy responsable en este cierre (…) nunca hubo voluntad política para hacer un buen diario, siempre estuvo amordazado y la gente que intentó hacer periodismo independiente, fue despedida”, asegura.
A la iquierda (con el megáfono), Jorge Escalante, periodista de La Nación. A la derecha (sosteniendo un extremo del lienzo, Nancy Arancibia, presidenta del Sindicato de Periodistas. APOYO CIUDADANO
Múltiples gremios han apoyado la lucha que trabajadores de La Nación están dando para mantener la circulación del diario en su forma tradicional. Si bien algunos medios masivos no han cubierto la noticia, la mayoría de los sindicatos de medios de comunicación, el periódico de la CUT, Movilh, entre otros, han manifestado su adhesión.
Asimismo, sectores sociales demostraron su apoyo en la manifestación. Incluso, un centenar de representantes de los trabajadores finiquitados de la mina San José –que se encontraban protestando por promesas laborales inconclusas que el Gobierno de Piñera hizo hace unos meses- llegaron hasta el frontis de La Nación para solidarizar con el periódico y sus trabajadores.
Jorge Escalante dice que esto que sucede con el diario es un tremendo golpe para la libertad de expresión y el derecho a la información, porque en el país no hay diversidad informativa y garantizar que un medio de propiedad mayoritariamente estatal debió ser garantía de amplitud informativa, pero la realidad es que eso no ha sido así. “Desde hace tiempo que en La Nación no se hace periodismo de verdad. No se puede investigar, escudriñar, ser un contrapoder, ha habido una censura y autocensura brutal”, según el periodista.
El presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo, por su parte, afirmó a Radio Bío Bío que el cierre es un atentado contra la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ser ampliamente informados. Y agregó que, además, marca la indiferencia del Gobierno de Sebastián Piñera ante la excesiva concentración de los medios de comunicación.
El dirigente, quien además es ex director de La Nación durante el último periodo de la Concertación, admitió que a este proceso también contribuyeron las administraciones de esa coalición.
Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación, Fenatramco, Domingo Vargas, precisó que su preocupación también es por las 340 personas que prestan servicios a ese matutino y al Diario Oficial, mientras que hay otras 200 que lo hacen en Puerto Madero, empresa relacionada directamente con ese medio en las áreas de preprensa, prensas y mantención, lo cual es un elemnto a considerar para la cantidad de familias que en este momento tienen en riesgo su sustento.
Vargas adhirió a las palabras de Castillo, en materia del atentado a la libertad de expresión, y manifestó que ambas organizaciones gremiales esperan acordar acciones conjuntas para defender un medio de prensa que -dijo- es de todos los chilenos.
Por Mijaíla Brkovic Leighton y César Baeza Hidalgo
El Ciudadano
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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