Publicado el 21 de diciembre del 2010
El Secretario de Estado informó a los diputados que las tasas de hacinamiento carcelario promedian un 60 por ciento y que el Gobierno completará en su periodo las cárceles concesionadas pendientes de Talca y Santiago 2.
Una presentación con un diagnóstico sobre la situación penitenciaria del país y las iniciativas que planea el Gobierno para hacer frente a los déficit en esta materia, hizo este martes el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia que fue mandatada por la Sala para investigar el incendio de la cárcel de San Miguel ocurrido el 8 de diciembre pasado con el trágico saldo de 81 víctimas fatales.
El secretario de Estado compareció ante la Comisión junto al director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, en la misma jornada que tenía lugar un motín en la cárcel de Antofagasta.
En su exposición, el ministro Bulnes precisó que Chile es el tercer país sudamericano con las más altas tasas de encarcelamiento y 35 a nivel mundial -con 317 internos por cada 100 mil habitantes-, a lo que se suma una tasa de hacinamiento promedio del 60 por ciento, ya que posee una infraestructura con capacidad para 34 mil reclusos y una población penal efectiva de 53 mil presos.
Señaló que en materia de infraestructura carcelaria hay un rezago importante porque la población penal se multiplicó tras la entrada en funcionamiento reforma procesal penal y no se cumplió el programa de diez cárceles concesionadas, que hasta hoy sólo llegan a seis. Dijo que en octubre pasado anunció once medidas para dotar de mínimas condiciones a los reos (colchones, frazadas, alimentación, más tiempo de desencierro, asesoría espiritual) con una inversión de 6 mil millones de pesos.
El ministro sostuvo que el actual Gobierno llevará adelante la construcción de dos nuevas cárceles concesionadas, Talca y Santiago II, aunque sobre la base de un rediseño que permita rebajar costos y optimizar sus capacidades. Además, dijo que con la asesoría de una consultora internacional se está evaluando la situación carcelaria a nivel nacional para definir nuevas iniciativas en materia de infraestructura, adelantando que probablemente serán cárceles modulares.
También confirmó un anticipó en los planes de aumento de dotación de Gendarmería y planteó la necesidad de avanzar en la legislación sobre penas alternativas a la privación de libertad para contribuir a descongestionar los recintos penitenciarios.
Tras su exposición, los diputados que integran la Comisión le hicieron diversas consultas al ministro sobre posibilidad de indultos, presupuesto y corrupción en Gendarmería. Sobre el particular, Bulnes afirmó que los indultos dan a la ciudadanía una incorrecta señal de falta de mano firme. Asimismo, aseguró que este año el presupuesto para medidas antiincendio en las cárceles era de sólo 37 millones y el Gobierno aumentó esa cifra para el 2011 a 469 millones de pesos. Finalmente, no quiso hablar de corrupción al interior de Gendarmería destacando que sus funcionarios trabajan en condiciones muy abnegadas y que cualquier asomo de conductas irregulares será enfrentada con firmeza.
A la salida de su encuentro con los diputados, el ministro de Justicia manifestó que “esta Comisión ha estado a la altura de lo que esperábamos porque se han planteado preguntas con altura, tratando de aprender de nuestros errores y ver cómo nos movemos hacia futuro. Por lo tanto, lejos de ver un ánimo de politizar la discusión, he visto un ánimo de comprender cómo llegamos a la situación que enfrentamos hoy día como país y también un espíritu muy compartido de tratar de construir una política pública de manera transversal porque resolver el problema que tenemos hoy día en materia carcelaria no es una tarea que pueda abordar en exclusiva el Gobierno”.
“Si no tenemos un consenso de todas las fuerzas políticas es imposible salir adelante y la única cosa buena que puede salir de una gran tragedia como fue el incendio en la cárcel de San Miguel es precisamente que pongamos este tema arriba de la mesa, hablemos de la realidad en la cual está hoy una gran cantidad de población penal en nuestro país y tratemos de avanzar con una decisión y un compromiso que esté a la altura de la crisis que hoy día estamos enfrentando”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Comisión, el diputado Pedro Araya (PRI), expresó que “hemos iniciado la investigación de lo ocurrido en San Miguel recibiendo una cruda radiografía del Ministerio de Justicia de lo que está ocurriendo con las cárceles, que es una situación verdaderamente preocupante. Acabamos de recibir información de un motín en la cárcel de Antofagasta, que es una de las más colapsadas del país. Esperamos que a raíz de la investigación que vamos a realizar puedan salir propuestas concretas para resolver los problemas que hay y disipar las dudas sobre el presupuesto que hoy se le está asignando a Gendarmería para las personas que están privadas de libertad”.
“Nosotros vamos a trabajar de la mejor forma posible, sabemos que este es un tema complejo y bastante político, porque la situación carcelaria y la mirada de cómo se enfrenta la persecución penal es un tema de campañas políticas. En esta línea la Comisión va a tener la mayor seriedad y tranquilidad para ver cómo se ha abordado el tema carcelario. Hemos dicho que este no es un tema que nace en este gobierno sino que viene de hace 20, 30 o 40 años en que el país no se ha preocupado y que hoy día se ha puesto a la luz a raíz de lo que ha ocurrido en la cárcel de San Miguel”, puntualizó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Jorge Burgos (DC) expresó que “hubo una buena exposición y un buen diálogo con el ministro, los que apuntaron al hecho central de que el tema carcelario en Chile es un tema complejo desde hace mucho y donde todos los actores involucrados debemos hacer más. Por ello, pretender ubicar las responsabilidades del tema carcelario en un periodo presidencial determinado, como de repente se insinúa en conferencias de fines de semana por diputados de la Alianza, me parece absolutamente injusto y creo que el diálogo de hoy día demuestra eso”.
“Fue una buena posibilidad de escuchar al ministro, quien lo hizo con rigor, las preguntas fueron respetuosas y desde esa perspectiva creo que es un buen comienzo de la Comisión pero está pendiente el encargo principal, los dolorosos hechos de la cárcel de San Miguel, y no alcanzamos a escuchar al director de Gendarmería”, dijo Burgos.
Finalmente, también a la salida de la Comisión, el director de Gendarmería, Luis Masferrer, informó sobre el motín en la cárcel de Antofagasta precisando que la situación fue controlada y restablecido el orden, tras advertir que dicho penal fue diseñado para albergar 684 internos y en la actualidad tiene 1.326, repitiendo las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación penal que caracterizan al sistema penitenciario de nuestro país.
Previniendo que estos motines son frecuentes a fin de año, especialmente en diciembre y enero, Masferrer anunció que “tenemos un plan para redoblar nuestros esfuerzos de custodia y vigilancia al interior de los recintos penales. El control de las unidades penales corresponde a los funcionarios de Gendarmería y en ese objetivo no vamos a ceder. Por ello, hemos tomado la decisión preventiva de trasladar 30 funcionarios de la unidad de servicios especiales para que viajen a Antofagasta”.
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ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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