La presencia en su equipo de ex miembros del régimen militar genera reacciones negativas
Lunes 06 de diciembre de 2010
Mauricio Weibel/DPA | El Universal
SANTIAGO DE CHILE.—
El fantasma de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura del general Augusto Pinochet amenaza hoy el futuro del gobierno de Sebastián Piñera, varios de cuyos asesores fueron miembros del régimen militar, como el ministro de Educación, Joaquín Lavín, y el embajador en España, Sergio Romero.
La retención en el Ministerio del Interior de 60 querellas de víctimas de crímenes de lesa humanidad y el inminente despido de los abogados de derechos humanos del gobierno abrió ya un flanco complejo al presidente Piñera.
“Resistimos la dictadura, podemos enfrentar a este gobierno de manera muy ingeniosa”, alertó ante ese escenario la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
La dirigente, hija del desaparecido Waldo Pizarro, apuntó a la supuesta intención de Piñera de quitar respaldo a la persecución de los responsables de estos crímenes, según ella.
“No olvidemos que el propio presidente, antes de asumir, mantuvo una reunión con 400 generales en retiro por este tema. En el fondo quieren que las causas se estanquen en los tribunales”, sostuvo.
En Chile, donde el Ministerio del Interior debe perseguir por ley las violaciones a los derechos humanos en dictadura, las autoridades decidieron reemplazar a los abogados que llevan las causas hace años.
“Con ello quieren debilitar los procesos. Quieren acabar con el tema de los derechos humanos sin una ley de punto final, sin dar la cara, quieren impunidad, que los represores mueran de viejos”, reclamó Pizarro.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior debía presentar este año a los tribunales casi 2 mil causas por ejecuciones políticas, pero sólo introdujo una veintena.
Rosy Lama, directora de esa entidad y designada por Piñera, perdió por ello la confianza de los organismos humanitarios, los que la acusan incluso de reunirse con abogados de los militares que son procesados.
El gobierno chileno, que en 2011 enfrentará el inicio de la campaña electoral por las municipales de 2012, hizo en este marco un gesto al mundo de los derechos humanos y la oposición de centroizquierda.
La autoridad, en medio de este debate, presentó el viernes una querella por el asesinato del ex ministro del Interior de Salvador Allende, el socialista José Tohá, crimen históricamente catalogado como “suicidio”.
“La información con la que se dispone, sobre todo a partir de los peritajes que se han hecho los últimos días, aparentemente llevarían a la conclusión de que esto se debería a acciones de terceros”, dijo el viceministro del Interior. Pero hay otra serie de causas en etapa final de investigación que es probable que conmuevan la arena política si no hay avances en justicia, como el asesinato a 44 balazos del cantautor Víctor Jar, impune a 37 años de ser cometido.
El gobierno de Piñera, un hombre que en su momento se opuso a la dictadura a diferencia de muchos de sus colaboradores, no dio señales inequívocas de cómo actuará de cara al futuro, si las presiones crecen.
Este año, nombró como jefe de la guardia de prisiones a un ex represor que luego retiró del cargo, presentó querellas por crímenes de derechos humanos y luego retuvo otras. También negó indultos a militares condenados, que le reclamaban un compromiso previo, pero tampoco recibe a los organismos de derechos humanos, que hace meses pidieron una audiencia.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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