Escalada de conflictos en las cárceles:

Jueves 16 de Diciembre 2010 21:10 hrs.

“Los presos sienten que no pierden nada porque sus vidas no son importantes para el Estado”

Loreto Soto

La seguidilla de conflictos que se han desatado en las cárceles del país desde el incendio que dejó 81 reos muertos la semana pasada, ponen cada vez más presión sobre las autoridades para solucionar un problema que los expertos califican como un “caldo de cultivo” para manifestaciones violentas. Se trata de gritos estridentes que exigen recuperar la dignidad que se perdió junto con la libertad.

Los últimos incidentes que se han registrado en distintos recintos penitenciarios del país y que partieron con el incendio que hace una semana dejó 81 presos muertos en la cárcel de San Miguel, dan cuenta de la olla a presión que se ha generado en torno a la denominada crisis carcelaria.

Y es que desde el día de la tragedia, la tensión que se vive al interior de las cárceles pasó de ser un problema ignorado por las autoridades al centro del debate nacional.

Aunque las condiciones de hacinamiento, falta de higiene, mala alimentación y maltrato que se presentan en los penales habían sido denunciadas en reiteradas ocasiones por distintos organismos e incluso por la misma Corte Suprema, el siniestro de San Miguel detonó la bomba que hace tiempo amenazaba con estallar.

En esa misma cárcel el viernes pasado un grupo de reos comenzó a quemar colchones, ropa de cama y otros artículos inflamables para protestar por el traslado de algunos presos a la cárcel de Alta Seguridad de Rancagua.

Con un cariz más violento, un allanamiento “rutinario” que se realizó en la calle 11 de la ex Penitenciaría de Santiago terminó en un motín de unos 3.500 reclusos, quienes se juntaron en el óvalo del recinto penal y encendieron una verdadera barricada de colchones, ropa de cama y madera a la que le prendieron fuego. La acción derivó en la intervención de cerca de 100 efectivos de la brigada antimotines. Además Varios gendarmes subieron a los muros perimetrales, desde donde dispararon en reiteradas ocasiones sus escopetas, mientras recibían proyectiles lanzados en respuesta desde el patio del recinto. Según indicaron los funcionarios de la institución el enfrentamiento habría dejado 86 internos y 18 gendarmes heridos.

La mañana del jueves volvieron a resonar las alarmas, esta vez en Quillota donde un centenar de prisioneros se amotinaron en dos pabellones del recinto. De nuevo, prendieron fuego a sus colchones y ropa de cama y, según se informó, la revuelta tenía como objetivo llamar la atención respecto de los malos tratos que recibirían de parte de Gendarmería. Este hecho dejó a nueve reclusos heridos mientras, afuera, los familiares libraban su propia batalla en contra de los gendarmes, azuzados por la preocupación sobre el estado de sus padres, hijos, esposos o hermanos.

El panorama se complejiza aún más con la huelga de hambre que iniciaron 1400 reos de la Penitenciaría – sólo unas pocas horas después del enfrentamiento – para solidarizar con los familiares de los presos que fallecieron en la cárcel de San Miguel y en demanda de la anunciada reforma penitenciaria.

Todos síntomas de un sistema enfermo desde hace ya mucho tiempo. Es por eso que para la coordinadora de estudios penitenciarios del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Olga Espinoza, el nivel de hacinamiento y maltrato que presenta el sistema penitenciario chileno justifica por sí mismo este tipo de acciones en los reos.

“La situación de Hacinamiento, la sobrepoblación y las condiciones que se han ido denunciando han constituido un caldo de cultivo perfecto para que bastase una simple chispa para generar este otro tipo de expresiones. Este ha sido un espacio propicio para que cualquier desgracia como la ocurrida el 8 de diciembre pudiera servir de justificación para todo tipo de expresiones”, comentó la jurista.

A juicio de la abogada, la imposibilidad que tienen los presos de manifestar su malestar a través de los mecanismos de protesta como los que tienen las personas que no están privadas de libertad, determinan que ciertos grupos radicalicen su forma de exigir la dignidad que el Estado les ha negado por años.

“El drama de estas tragedias, el sentir que no se pierde nada e identificar el hecho de que hacer una huelga de hambre o una manifestación más violenta da lo mismo que no hacer nada porque la vida de ellos no vale nada para el Estado determina que para hacerme escuchar yo necesito ser lo suficientemente chocante como para poder ganar algún nivel de atención”, precisó la experta.

Desde la otra vereda, el director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, intentó bajar la presión del conflicto aclarando que “el concepto de motín, quizás si se revisa en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua va a señalar cualquier acto en contra de la autoridad. En la lógica penitenciaria el concepto de motín queda más bien reducido a cualquier espacio que la población penal gana no permitiendo el control de los funcionarios de Gendarmería que tiene incluso en su parte extrema a una eventual fuga al exterior. Eso no ha ocurrido y se descarta plenamente”.

Respecto de las demandas de los reos, el director de Gendarmería aclaró que se está intentando revisar “los beneficios y apurar los procedimientos administrativos en cuanto a otorgamiento o no de éstos. No hubo promesas de que se iban a dar por sí solos y la población penal está muy consciente de eso. También respecto de los tiempos, el 30 de diciembre la fecha en que se reúne el Consejo Técnico y el tribunal de conducta en la unidad penal. Esa actividad no se va a adelantar”.

Estas medidas se presentan a la espera de que se aplique, efectivamente la Reforma Penitenciaria, que ya había sido anunciada y que debería traer una serie de beneficios tanto para los Gendarmes como para los reos.


ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE