12-12-2010
Cuando el Presidente Piñera, anuncia una inversión de más de US400 millones para infraestructura carcelaria, lo que está haciendo es reconocer que no estaba en sus planes enfrentar los “problemas heredados”.
Escrito por Eduardo Vicencio Salgado
La tragedia de la cárcel de San Miguel, ha servido para que distintos actores se hayan pronunciado respecto de los diversos déficits que existen en cuanto a la política carcelaria en Chile.
Tanto el ministro de justicia como el director de gendarmería, han señalado lo que este gobierno ha heredado respecto de los problemas de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria.
A mi juicio, la mejor manera de contrastar el discurso presidencial y el de las principales autoridades del sector, es mirando la expresión más fiel de voluntad política que tiene el país, que es ni más ni menos el primer presupuesto elaborado por las actuales autoridades y que ya es ley y donde se consagran las diversas iniciativas para enfrentar el problema.
Dado que lo latente hoy, son los actuales establecimientos, echemos un vistazo al compromiso asumido a través de la ley de presupuestos de la nación. En primer lugar los recursos para operación de cárceles tradicionales aumentan en un 1,96%, aquellos destinados para inversiones y reparaciones disminuyen en un 49,8%, los de rehabilitación y reinserción social aumentan en un 0.66%. Con estos guarismos es fácil concluir que no había por parte del gobierno una muestra clara para enfrentar lo que ellos han planteado como problema heredado, cuando existe voluntad esto se debe reflejar en recursos y la evidencia clara y categórica.
Tal como lo señaló la ministra Mónica Maldonado, el disponer de un programa de frazadas no apunta a resolver el problema de fondo. Pareciera ser que el gobierno con su slogan “Cerrar la Puerta Giratoria”, hizo gala de su estrategia mediática más que pensar que eso implicaría un aumento sustancial en la población penal con todos los efectos en recursos del presupuesto de la nación.
Para ser justo, los únicos aumentos en el presupuesto están dados por la implementación de la ley 20.420 que venía del gobierno anterior y que el mérito del actual gobierno fue acelerar su implementación y los recursos para operación del primer programa de concesiones carcelarias, que corresponder a situaciones de arrastre.
En definitiva la pregunta que cabe hacerse es ¿ Dónde están las iniciativas para enfrentar lo que ha quedado al descubierto con esta tragedia? Pareciera ser que el programa de gobierno de la Alianza muy poco proponía para atender estos problemas heredados.
Por último, sólo para cerrar esta columna, los que tenemos la posibilidad de desplazarnos a lo largo del país, podemos constatar que la infraestructura carcelaria ha cambiado sutancialmente, partiendo por Arica con un moderno establecimiento ubicado a 20Km de esta ciudad en la ruta cinco sur, La Serena, Santiago con sus nuevos penales Colina 2 y Santiago 1, Rancagua, Cauquenes, Valdivia y Puerto Montt con Alto Bonito, solo por mencionar algunos.
Sin duda cuando el Presidente Piñera, luego de la tragedia anuncia una inversión de más de US $ 400 millones para infraestructura carcelaria, lo que está haciendo es reconocer que no estaba en sus planes enfrentar los “problemas heredados”, y que la tragedia de SAn Miguel los ha conminado a actuar en consecuencia.
EL REPUERTERO
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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