Malas condiciones carcelarias, aplicación de Ley Antiterrorista y Tribunales Militares son algunas de las observaciones y temas pendientes que el organismo internacional concluye sobre Chile.
En su informe anual del año 2011, la organización internacional Human Rights Watch (HRW), manifestó su preocupación por el progresivo deterioro de los Derechos Humanos en América Latina, ante el notorio aumento de la criminalidad y la delincuencia, pero también subrayando el crecimiento de las denuncias por abusos y represión policial.
Con respecto a Chile, el informe hace mención a temas en los que nuestro país ya han aparecido en reiteradas ocasiones durante estos años, y sobre los que diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos se han referido con anterioridad.
El primer llamado de atención está enfocado al sistema judicial chileno y la jurisdicción militar, donde, si bien los tribunales castrenses no pueden emprender acciones contra civiles (ley todavía no aprobada), sí pueden seguir procesando a funcionarios de las fuerzas policiales que cometan abusos contra civiles, uso desproporcionado de la fuerza, malos tratos e incluso tortura.
El otro punto en donde el Informe de HRW hace un llamado de atención es en la aplicación reiterada de la denominada Ley Antiterrorista, especialmente en contra del pueblo mapuche. También se hace eco del uso excesivo de la fuerza durante los operativos policiales en las comunidades indígenas de la Región de la Araucanía.
Respecto a los casos pendientes de violaciones contra los Derechos Humanos durante la dictadura (1973-1990), el Informe reconoce los avances que nuestro país ha tenido en la búsqueda de verdad y justicia, no obstante critica que las penas en contra de los culpables no correspondan de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos.
Por otro lado, las malas condiciones carcelarias existentes en el país, originadas por la sobrepoblación de internos, sumados al deficiente estado en que se encuentra la infraestructura de gran parte de las cárceles, son consideradas como situaciones de gravedad por el Informe.
Otro punto que se pone sobre el tapete, dice relación con los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres. En este apartado se menciona la prohibición del derecho al aborto en Chile, incluso en casos como violación o incesto, pese a que se registran entre 60.000 y 200.000 abortos clandestinos en el país. También los altos índices de embarazos adolescentes, producto de las dificultades que las mujeres tienen al momento de acceder a métodos anticonceptivos, también son consignados en el Informe como una transgresión a derechos esenciales.
MOCIÓN PARA IMPEDIR LIBERTAD PROVISIONAL BAJO LEY ANTITERRORISTA
En una arista relacionada con lo dicho por el Informe, los diputados de Renovación Nacional, Pedro Browne, Alberto Cardemil, Cristián Monckeberg, Gaspar Rivas y Frank Sauerbaum, presentaron una moción que busca impedir que los procesados bajo la Ley Antiterrorista, entre otros delitos, puedan cumplir medidas adicionales, distintas a la prisión preventiva.
El proyecto de ley busca modificar el Código Penal, para incluir a la prohibición de libertad condicional -además de los delitos expuestos en la actual norma vigente- los crímenes mencionados en la Ley N° 18.314, que determina las Conductas Terroristas y los delitos previstos en materia de Lavado y Blanqueo de Activos.
En declaraciones a la prensa, los diputados justificaron la presentación de la moción afirmando que “no existe una justificación para que el legislador no haya incorporado en la disposición antes señalada, los delitos relacionados con conductas terroristas y con el lavado de dinero, los que presuponen igual o mayor gravedad de injusto respecto de los que fueron incorporados originalmente”. Para los parlamentarios, con esta moción “se propone complementar la norma vigente incorporando crímenes que son valorados en forma análoga en cuanto a su gravedad, connotación y peligro social”.
Esta moción aparece en el mismo momento en que existen varias personas procesadas por la Ley Antiterrorista, fundamentalmente activistas mapuches –asunto mencionado en el informe de HRW- quienes se encuentran procesadas con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, tales como firma periódica o arresto domiciliario.
Para mayor información revisa el informe de Human Rights Watch sobre Chile en español.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
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ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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