Viernes 15 de Abril 2011 9:58 hrs.
Paula Correa
Pese a una nueva y extendida huelga de hambre de los cuatro comuneros condenados en Cañete, se suma irregular proceso en su contra. Lo curioso es que la causa de este nuevo juicio son los mismos hechos por los que ya fueron condenados a 25 y 20 años. Por su lado, el abogado Pablo Ortega, defensor de Héctor Llaitul afirmó que este doble juicio civil es absolutamente inconstitucional y atentatorio de los derechos humanos de cualquier persona.
Más de un mes completó la huelga de hambre de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, condenados en el tribunal de Cañete por incendio y delitos asociados a la presunta participación en el atentado el fiscal Mario Elgueta el 2008.
Los comuneros fueron sentenciados a 25 y 20 años de presidio efectivo y se están movilizando para exigir un juicio justo, ya que durante todo el proceso judicial se utilizó la ley antiterrorista, la que permitió la prisión preventiva, la declaración de testigos protegidos y donde además se registraron fuertes irregularidades.
Natividad Llanquileo se refirió al estado de salud de los comuneros, quienes antes participaron en la huelga del 2010 que se extendió por más de tres meses. La vocera de los presos políticos mapuche advirtió que, a la fecha, los dirigentes han bajado la totalidad del peso de la anterior movilización, pero se encuentran con buen ánimo.
“Héctor es el que ha bajado más de peso, 12 kilos 300 gramos y a pesar de ello se ven bien. Se han ido sumando varios lugares a las movilizaciones, lo que les hace estar tranquilos y con mucha más fuerza. Respecto de cómo está su estado de salud es un poco más complicado de saber. A pesar de que se ven bien, lo demás no lo sabemos, es una huelga, la recuperación no ha sido total y no supimos con qué secuelas quedaron de la huelga anterior”, señaló Llanquileo.
Sin embargo, Natividad mostró su preocupación sobre el nuevo escenario judicial que deberán enfrentar los comuneros quienes, en su inicio habían sido procesados por justicia civil y militar por las mismas causas, siendo absueltos por la corte marcial al finalizar la huelga de hambre luego de un acuerdo con el Gobierno.
La causa ingresada en la justicia militar se instaló en la Corte de Apelaciones de Concepción y será revisada prontamente. Vale señalar que estos son los mismos delitos por los que los comuneros fueron condenados en el tribunal de Cañete, conformándose ahora un doble juzgamiento sólo por la justicia civil.
“Cuando se habla de un estado de derecho, no se si estamos en un estado de derecho allí se respetan las leyes. Nosotros decimos de qué estamos hablando. En el tema mapuche no pasa eso. Desde el Biobío al sur no hay estado de derecho, las leyes se cumplen al pie de la letra, cosa que no ocurre en ninguna parte, o sea, encuentran a los hijos de Héctor rayando una muralla y son de inmediato detenidos. Acá están rayadas todas las micros y las calles y no hay ningún detenido por ese motivo”, aseveró la vocera de los comuneros.
Por su parte, Pablo Ortega, abogado de Héctor Llaitul, explicó que estas incoherencias provienen del doble procesamiento y las tácticas del Estado chileno de utilizar las armas jurídicas como una fórmula para reprimir y discriminar a un pueblo.
“Esto se produce simplemente porque a los comuneros mapuches se les aplica un doble procesamiento, lo que está prohibido por el Derecho Penal en general y por nuestras normas constitucionales y los tratados internacionales para evitar esto, una doble condena o bien decisiones contradictorias. Esto no sucedería con un ciudadano chileno, un delincuente común, un miembro de la clase alta y no sucedería si no tuvieran apellidos mapuche”, señaló el jurista.
El abogado afirmó que la diferencia queda manifiesta al contrastar estos juicios con los de delincuentes chilenos y agregó que en Cañete por ejemplo, los fiscales no expresaron las razones de su decisión y no fundamentaron la sentencia, algo absolutamente fuera de lugar.
Finalmente, Ortega afirmó que la situación que afecta a los dirigentes mapuche con este doble juicio civil es absolutamente inconstitucional y atentatoria de los derechos humanos de cualquier persona.
Asamblea Nacional Por Los Derechos Humanos Chile
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