Jueves 28 de Abril 2011 21:30 hrs.
Paula Correa
Si bien el proyecto minero fue aprobado a mediados de febrero, los ciudadanos presentaron un recurso de reclamación ante el Consejo de Ministros que se deberá pronunciar prontamente. Sin embargo, está en juego la imparcialidad de los secretarios de Estado, frente a los intereses económicos del mismo Presidente Sebastián Piñera, quien posee acciones en Copec, la empresa a cargo del proyecto.
Magallánicos piden transparentar posible nexo de Piñera y Golborne con proyecto de Isla Riesco
Transparencia de parte de las principales autoridades del país es lo que están solicitando en el polémico caso de la Mina Invierno que se pretende instalar en Isla Riesco, proyecto donde se pretende invertir más de 480 millones de dólares en cinco minas de carbón ubicadas en la región de Magallanes.
Esto porque el Consejo de Ministros deberá pronunciarse en los próximos días sobre la viabilidad del proyecto. Sin embargo, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, advirtió que existen presiones, ya que el patrimonio del mismo Presidente Sebastián Piñera estaría en juego.
“Los ministros están inhabilitados para pronunciarse sobre ese proyecto porque su superior directo, el Presidente de la República, tiene un interés personal. Él es el principal accionista individual de Copec. Posee la suma 4 mil 500 millones de pesos en acciones de esta empresa, que es la titular del proyecto. Si los ministros votan a favor de esta iniciativa al día siguiente el Presidente amanece más rico, si votan en contra el Presidente amanece más pobre. Nadie puede pensar que un subordinado tenga la libertad de analizar un proyecto cuando su jefe está involucrado en el resultado de esa evaluación”, sentenció Tohá.
Además, el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, en el pasado mantuvo una estrecha relación de trabajo con la empresa Aes Gener, socia de COPEC-Ultramar. Su subsecretario trabajó en esa compañía hasta asumir el cargo, al igual que su jefa de gabinete y sus familiares continúan trabajando en la compañía hasta el día de hoy.
Por otro lado, hace poco el Gobierno firmó la llamada Ley de Probidad, conmemorando dos años de la implementación el Consejo para la Transparencia, ideales que no se están cumpliendo, ya que, según denunció Carolina Tohá la declaración de patrimonio del Presidente no se encuentra actualizada, a pesar de que en estos meses ha realizado varios movimientos, como la venta de Chilevisión.
A todo esto se le suma una posible transgresión de la minera a la Ley de Monumentos Nacionales, ya que el proyecto podría alterar y destruir los sitios arqueológicos donde se instalará y vulnerar su propio informe de impacto ambiental.
Todas estas situaciones fueron denunciadas a la Policía de Investigaciones por el Concejal de Punta Arenas, Mario René Pascual, quien solicitó la paralización de las obras del proyecto minero mientras se realice la indagación correspondiente.
“Queremos dar una señal clara. Cuando vino la ministra del Medio Ambiente dijo que iba a ser muy rigurosa en el control y la fiscalización de esa empresa. Estamos solicitando que se paralicen todas las obras hasta que concluya la investigación. No estamos en contra del desarrollo de la región de Magallanes, ni de la generación de empleo, sino de que no se respete la normativa medio ambiental, que aún es insuficiente”, dijo Pascual.
Por su parte, Ana Stipicic dirigente de la agrupación ciudadana “Alerta Isla Riesco” mostró su preocupación por la serie de irregularidades asociadas a la instalación de este proyecto que, según señaló, ha generado una serie de complicaciones a los pobladores.
“Todavía la minera no empieza a operar oficialmente con todo su gran trabajo e intervención que van a hacer en los caminos, en los terrenos mismos de explotación y ya están pasando estas cosas. Realmente minera Isla Riesco ha mostrado muy poco interés real en hacer bien las cosas. Como ciudadanos exigimos aspectos básicos para contener la contaminación y nos dijeron que no. Esto es muy preocupante y es parte de lo que prevemos que va a ser nuestra convivencia con estas faenas”, comentó Stipicic.
La preocupación de los vecinos de la zona se relaciona con conservación de los recursos naturales, ya que cerca de la mitad de las 500 mil hectáreas que ocupa Isla Riesco, son parte de la Reserva Nacional Alacalufe. Por esta razón hicieron un llamado a todos los chilenos a defender esta zona que posee una rica biodiversidad y que ahora está en peligro.
Asamblea Nacional Por Los Derechos Humanos Chile
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