09/05/2011 - 08:30
Señor director:
El gobierno dice que cumplió su parte del acuerdo y no puede hacer nada por la huelga de hambre de cuatro comuneros mapuches; que todo está en manos de la justicia. Se aduce que no hay condenados por ley antiterrorista. Don Ricardo Ezzati, tras el clamor en la catedral, planteó que está en diálogo con el Ejecutivo para que se cumpla lo prometido.
Tras lograr que los mapuches bajaran su huelga anterior, el gobierno usó una estrategia rebuscada: avaló el proceso por ley antiterrorista y, a la hora de la sentencia, pidió recalificar como delitos comunes. Esto, porque la eficacia de la ley antiterrorista está en el proceso. A través de él se puede condenar personas sin probar su culpabilidad. Sólo gracias a esos procedimientos se pudo obtener la sentencia de culpabilidad: el testimonio de un testigo protegido y la delación obtenida bajo tortura.
Al pedir recalificar, una semana antes de la sentencia, el abogado querellante del gobierno planteó que se tiene la convicción de que los hechos ocurrieron, pero que no son de carácter terrorista. El problema es que a esa convicción los jueces llegan a través de los procedimientos de la ley antiterrorista. Para cumplir los compromisos, el sentido común aconsejaba un proceso por delitos comunes. ¿O es que el gobierno no cree en la eficacia de la justicia penal ordinaria?
La condena por delito común es una fachada, en la que además se gravaron las penas al extremo, llegando hasta 20-25 años por delitos sin daño mayor ni heridos
graves.
Cuando los comuneros llevan 50 días en huelga de hambre, la Corte Suprema debe anular el juicio.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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