Luego de la serie de denuncias por abuso de fuerzas policiales contra ciudadanos y la reciente polémica por el ataque al suboficial mayor, Mauricio Muñoz, en la última protesta contra Hidroaysén -viernes pasado-, diferentes posturas se enfrentan en un debate sobre la legitimidad de la movilización social y la violenta relación entre carabineros y protestantes.
“Todos pudimos ver las visitas que hace el presidente Piñera a carabineros cuando resultan lesionados en manifestaciones, pero echamos de menos por parte del Gobierno el mismo trato con aquellas personas que participaron legítimamente, en democracia, en manifestaciones y sufren violencia por parte de la policía”, expuso el diputado Gabriel Silber (demócrata cristiano, DC), cuando anunció que pedirán un sumario interno a Carabineros para detectar a los culpables de las últimas huellas de abuso policial contra la ciudadanía.
Sus palabras resuenan en el contexto que se ha generado tras las numerosas manifestaciones ciudadanas -más de 40 mil personas- en rechazo a Hidroaysén y las exigencias de los estudiantes por mejoras para la educación pública. En la última manifestación contra el proyecto hidroeléctrico de las empresas Endesa y Colbún, un carabinero resultó lesionado producto del golpe que un individuo encapuchado asestó a su cabeza con una tabla de skate. El Presidente de la República y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, le hicieron una visita en el hospital, así como a otro funcionario que fue herido con una piedra en Valparaíso luego del mensaje presidencial del 21 de mayo.
“Buscaremos a los que atacaron a nuestros carabineros en forma cobarde hasta el fin del mundo”, expresó Sebastián Piñera, criticando, además, a quienes “creen que por estar encapuchados pueden salir a nuestras calles, saquear nuestro comercio, romper el mobiliario público o quebrarle la cabeza a un funcionario público. Eso es el mundo al revés. Es inaceptable”, señaló el mandatario.
AUMENTAR PENAS CONTRA AGRESORES
Por su parte, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes agredan a carabineros o funcionarios de la Policía de Investigaciones.
La iniciativa busca duplicar los años de cárcel para los agresores, dependiendo del resultado del ataque. De esta forma, cuando un funcionario resulte perjudicado con algún grado de invalidez, las penas subirían de 10 a 20 años. Por otra parte, cuando la agresión tenga por resultado la muerte, el castigo podría aumentar de 20 a 40 años.
Este proyecto, presentado por el diputado Gustavo Hasbún, en conjunto con el senador Víctor Pérez (en la foto), está motivado por el pasado ataque contra el suboficial mayor Mauricio Muñoz. Según los miembros del colectivo gremialista, pondrán suma urgencia a la discusión del proyecto.
“Las policías deben tener el respaldo institucional y del ordenamiento jurídico, por lo tanto, creo que quien agrede o maltrata a un carabinero o un funcionario de la PDI tiene que ser sancionado porque están agrediendo y maltratando a alguien que hace respetar la ley”, declaró el senador Víctor Pérez.
LA OTRA CARA: MANIFESTANTES AGREDIDOS
Con mucha menos atención por parte del Gobierno fue conocido el ataque contra Paulina Rubilar, la estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción, quien el pasado 12 de mayo recibió el impacto de una bomba lacrimógena en uno de sus ojos.
“Justo en ese momento, un piquete de fuerzas especiales se dirige directamente hacia mí, se detiene a una distancia de no más de veinte metros, se agrupa, y un efectivo me apunta directamente con la escopeta, disparándome en pleno rostro”, relató la estudiante, de 23 años, en un comunicado público.
“Caigo de mi bicicleta, toco mi rostro y palpo la sangre que comienza a salir de mi ojo derecho, escucho cómo carabineros se mofan de mí, y acto seguido, viendo mi condición de herida, pasan de largo ignorándome. Todo esto a vista de cientos de personas que estaban en el lugar”, expresó.
Rubilar fue atacada en medio de las movilizaciones que se dieron en todo el país por la defensa de la educación pública, tras una convocatoria masiva de la Confederación de Federaciones de Estudiantes de Chile (Confech) que reunió a más de 50 mil estudiantes en el territorio nacional.
Tras el criticado actuar de los policías en las manifestaciones, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados citó la semana pasada al ministro Rodrigo Hinzpeter y al general de Carabineros, Eduardo Gordon, para exigirle explicaciones. Sin embargo, éstos no se presentaron.
Por otra parte, los diputados Gabriel Silber (DC) y Hugo Gutiérrez (Partido Comunista, PC), en compañía de la concejala de Pudahuel, Tamara Hommel (PC), denunciaron hoy -martes 24 de mayo- el caso de Cristián Peralta, estudiante que durante las pasadas manifestaciones, realizadas el 21 de mayo, recibió el impacto del chorro de un carro lanzaaguas de carabineros desprendiéndole un párpado.
“Ese chorro tiene la capacidad de golpear a cualquier persona, yo tengo una ulceración en la parte inferior del ojo, derrame sanguíneo en la retina y una hinchazón del pómulo que me impide abrir el ojo”, relató el joven a los medios.
“Cuando el Presidente habla del violentismo, debe saber que el violentismo no sólo es de parte de las personas que a veces quieren manifestar su descontento, sino también de las fuerzas policiales que arremeten contra los manifestantes. No era necesario usar el carro lanzagua, menos lanzarlo a nuestra cara”, reclamó.
COMIENZAN LAS PROHIBICIONES
Tras los episodios de violencia ocurridos en las marchas –que son minoritarios dentro de las manifestaciones-, las autoridades de Gobierno han anunciado que regularán las próximas convocatorias ciudadanas.
“La gente ve la televisión, ve los diarios y está al tanto de las manifestaciones, por lo tanto no es necesario que volvamos a correr los riesgos que corrimos el viernes pasado”, declaró el intendente metropolitano, Fernando Echeverría. Al mismo tiempo, aseguró que “en realidad la decisión se tomó en el Servicio de Evaluación Ambiental en Coyhaique, por lo tanto tendrían que marchar todos a Coyhaique”.
El intendente asistió en compañía del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquet, a la presentación de una querella contra los responsables de las lesiones y desórdenes causados, el pasado viernes 20, en el marco de la protesta contra Hidroaysén. Según el mandatario de la capital, las marchas del último año han provocado “daños que superan los 500 millones de pesos”.
En esta línea, una de las propuestas del ministro Rodrigo Hinzpeter fue contemplar la opción de utilizar el Parque O’Higgins para futuras protestas, lo que fue desestimado por el representante de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón.
“Para nosotros resulta impensable que no podamos marchar hasta La Moneda, dado que en todos los países democráticos la ciudadanía puede llegar a sus respectivos palacios de gobierno y deberíamos tener la posibilidad de llegar, por ejemplo, a la entre comillas llamada Plaza de la Ciudadanía”, dijo.
De esta forma, con Rendón liderando la comitiva, se presentó el requerimiento para realizar la marcha del próximo viernes 27 contra el proyecto Hidroaysén, en un tramo desde Plaza Italia hasta La Moneda. Tras la reunión con una funcionaria de la Intendencia, a la que no asistió Echeverría, se acordó que se considerarán los planteamientos de Acción Ecológica y se otorgarán prontas respuestas.
Por Vanessa Vargas Rojas
Fotografías: Mauricio Díaz
El Ciudadano
Asamblea Nacional Por Los Derechos Humanos Chile
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