El secretario de Estado afirmó que el gobierno ha cumplido con todos los compromisos.
por Alvaro Guerrero
Con el propósito de discutir la situación en que están los cuatro comuneros que llevan 75 días en huelga de hambre, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, llegó ayer hasta la casa del nuevo arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí.
La cita comenzó alrededor de las 16.00 y estuvo marcada por una manifestación que realizaron unos 20 adherentes mapuches, quienes, con lienzos y consignas, solicitaron al gobierno que intervenga en el conflicto. Sorprendido por el hecho, Larroulet ingresó rápidamente a la residencia de la autoridad eclesial. Tras más de 45 minutos de conversaciones, el ministro salió sin realizar declaraciones. Monseñor Chomalí indicó que expondrá su postura hoy, cuando tome posesión de la arquidiócesis penquista.
Durante la mañana, Larroulet trató el tema en una reunión en la intendencia penquista. Afirmó que el gobierno ha cumplido con todos los compromisos pactados y que las demandas de los huelguistas cuestionan el actuar de la justicia. "Ninguna de esas personas fue condenada de acuerdo a la legislación antiterrorista", dijo, y añadió que el Ejecutivo actuó para garantizar que se cumpla el debido proceso. "Se cambió la legislación chilena. Eso significó que nunca más un civil será juzgado por un tribunal militar", añadió.
El secretario de Estado manifestó que están abiertos a escuchar peticiones de los huelguistas. "Instalamos la mesa del Ñielol, hemos hecho 40 ó 50 mesas de diálogo en la región de La Araucanía, Los Ríos y Biobío", subrayó.
Según Larroulet, "siempre nos hemos preocupado de la condición de salud y carcelaria de los comuneros. No compartimos la huelga de hambre, hacemos una vez más un llamado a las personas que depongan la medida. Siempre vamos a velar por las vidas de las personas.
La esposa de Héctor Llaitul, Pamela Pezoa, también se reunió por separado con el prelado. "Me manifestó que el tema para él es muy importante y que seguirá muy atento a lo que viene, esperando el fallo de la Corte Suprema".
Agregó que se planteó una futura reunión con abogados para ver cómo serán los próximos juicios, si el máximo tribunal anula la condena que sentenció a 25 años de presidio a su marido. "Si el Ministerio Público insiste en aplicar la ley antiterrorista, será un cuento de nunca acabar", expresó.
Pezoa criticó al gobierno: "No son neutrales. Ellos son querellantes. Han mantenido la misma postura que el Ministerio Público. Eso lo considero un engaño, porque decir 'yo no aplico la ley antiterrorista, pero valido el testimonio de una persona que fue torturada por la PDI y valido el testimonio de los testigos secretos', es actuar de mala fe".
La esposa de Llaitul aseguró que si la Corte Suprema falla en contra de los comuneros, recurrirán hasta tribunales internacionales. "Sabemos que Chile está cercano a una condena por la aplicación de la ley antiterrorista y el uso de testigos sin rostro. Ellos pidieron un plazo hasta agosto para responder los requerimientos", dijo.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
No hay comentarios.:
Publicar un comentario