El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró este martes que la educación "es un bien de consumo" y que "tiene un componente de inversión", afirmaciones que fueron duramente criticadas en las redes sociales en medio de un conflicto que ha movilizado a miles de estudiantes.
"Requerimos en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: Es un bien de consumo", dijo Piñera durante la inauguración de un centro de educación profesional.
"Significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las personas, pero también la educación tiene un componente de inversión", añadió el mandatario.
A los pocos minutos, redes sociales como Twitter se llenaron de comentarios sobre los dichos de Piñera, que en las últimas semanas enfrenta una serie de protestas estudiantiles que han convocado las mayores marchas desde la democracia en demanda de una mejor educación pública, y el fin del lucro en la educación.
El gobierno respondió a la movilización con una propuesta que denominó Gran Acuerdo Nacional para la Educación, que incluye un fondo de 4.000 millones de dólares pero que no plantea una reforma profunda al sistema, tal como anhelan los estudiantes.
El aumento del malestar social reflejado en varias movilizaciones de diverso origen, así como las cifras más bajas en su popularidad desde que asumió, obligaron a Piñera a remodelar por segunda vez su gabinete de ministros, entre los que incluyó un nuevo ministro de Educación.
Felipe Bulnes, el nuevo secretario de Estado en la materia designado para poner fin al conflicto con los estudiantes, aseguró este martes que la propuesta del gobierno "da una respuesta fundamental a un diagnóstico" que los propios estudiantes hicieron, y los instó a deponer su protesta y a "sentarse a trabajar".
El rol del Estado en la educación es secundario hoy en Chile, tras la serie de reformas impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet, que redujo a menos de la mitad el aporte fiscal a educación (del 7% del PIB al 2,4%), fomentó la creación de universidades privadas y traspasó desde el Estado central a los municipios la administración de los colegios.
El aporte fiscal a educación pública alcanza hoy al 4% del PIB, sobre el 7% recomendado por la Unesco, haciendo recaer el mayor peso en las familias.
Chile cuenta hoy con 3,5 millones de escolares y casi un millón de estudiantes de educación superior, un 70% de los cuales representan la primera generación en sus familias que cursa este nivel de estudios.
Pero para pagar sus aranceles, los estudiantes deben endeudarse en costosos créditos que al final de sus estudios representan una deuda similar a la de una hipoteca.
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