Colegio de Asistentes Sociales de Chile A G
Santiago, julio de 2011.
El Colegio de Asistentes Sociales de Chile viene observando con profunda preocupación la
situación de la educación superior y adhiere a la demanda iniciada por estudiantes secundarios y universitarios, que hoy cuenta con el apoyo de importantes sectores de profesores de enseñanza básica y media, de académicos de universidades y de una multiplicidad de organizaciones gremiales y ciudadanas, y cuya demanda Mas esencial es el cumplimiento de valores como la calidad y la equidad en la educación en todos sus niveles, y para esto, la acción clara y decidida del Estado es imprescindible.
Si bien el país hoy puede mostrar la extensión de la educación básica y media a todos los niños y jóvenes y una ampliación inusitada de la educación superior, esto ha sido claramente en desmedro de la calidad y de la igualdad de oportunidades, con lo cual, lejos de representar una alternativa válida y necesaria a la movilidad social, se ha transformado en un mecanismo potente de reproducción de la estructura de clases sociales existente en el país, con su oprobiosa reproducción de la desigualdad e injusticia.
En lo que respecta a la educación superior, este proceso explosivo de ampliación se desencadena a partir de la desregulación del sector en el año 1981 con la dictación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, más conocida como LOCE que facilita la apertura de una multiplicidad de universidades privadas en el país y que determina que la Educación Superior se compondrá a partir de ese momento, de aquella impartida tanto por las Universidades y como por los Institutos Profesionales, que también aumentan significativamente a partir de ese año. El número de estudiantes de educación superior pasa de alrededor de 120 mil a casi un millón en alrededor de tres décadas.
Sólo entre los años ’80 y 90 el número de estudiantes de este nivel se duplicó, preferentemente en los institutos profesionales, en tanto la matrícula universitaria creció en un 10%. Desde el año 1990 en adelante es el sector universitario el que experimenta mayor crecimiento, pasando de 125.000 estudiantes en 1990 a 560.000 en 2010.
Este crecimiento de la matrícula en la educación superior, se acompaña de una gran
heterogeneidad en la oferta de formación profesional. En lo que se refiere a la formación en
Trabajo Social tanto en las universidades como en los institutos profesionales se constata que mientras entre 1981 y 1996 había 26 programas de formación con 840 alumnos; en 2005 existen 113 programas con 2.490 alumnos y en 2010, alrededor de 130 programas de formación con 11.065 alumnos en el nivel universitario y alrededor de 8.000 en instituciones profesionales.
Este aumento explosivo se acompaña de una enorme heterogeneidad en los programas tanto en los institutos profesionales como en las universidades, los que en su mayoría no están
acreditados.
A lo anterior se agregan otras situaciones claramente anómalas, como programas de formación que se imparten en dos tardes a la semana, con 3 a 4 horas pedagógicas cada una, o directamente solo los fines de semana.
Ambas situaciones, el crecimiento explosivo de las matrículas como la heterogeneidad en la
calidad de los programas, algunos, claramente deficientes, atentan contra la calidad de la
educación, situación que en nuestra opinión se ha producido, entre otros aspectos por una
inadecuada comprensión del principio de libertad de enseñanza y con la consecuente
desregulación del sistema.
Lo anterior afecta doblemente a los jóvenes y las familias de menores recursos, dado que
alrededor del 80% del costo de la formación en la enseñanza superior, lo aportan los padres,
inversión que no sólo es desmesurada en familias de recursos escasos, a lo que se agrega que mientras las familias realizan esta ‘inversión’, muchas veces con grandes sacrificios, el
desmesurado número de estudiantes de Trabajo Social que egresa cada año, no logra
incorporarse al trabajo porque el mercado laborar no es capaz de incorporarlos. Se frustran así las expectativas y esperanzas de los jóvenes y sus familias.
Por lo tanto, hacemos nuestras las demandas del movimiento estudiantil universitario y
secundario de nuestro país:
- Aumento real del gasto publico en educación.
Nuestro país debe, al menos, duplicar el
Actual porcentaje del PIB destinado a este fin, a fin de que el país pueda contar efectivamente con un sistema de educación pública gratuito y de calidad.
- Promulgación de una nueva normatividad legal que regule a la educación superior, que
asegure la transparencia en la gestión financiera de las instituciones y garantizar la no
obtención de lucro por parte de estas.
En lo referente a la formación de Trabajadores Sociales, exigimos el aseguramiento de la calidad y que en un plazo de no más de un año, todos los programas de formación en Trabajo Social estén acreditados.
Así mismo, consideramos fundamental que las universidades e institutos profesionales limiten el ingreso de estudiantes por cohorte, de modo de disminuir la presión por empleo, asegurando así una remuneración interesante a los profesionales.
Colegio de Asistentes Sociales de Chile
Dieciocho Nº45 oficina 401 Santiago, fono 056-02- 3639809, e-mail:sec.conas@yahoo.es
www.tsochile.cl
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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