SANTIAGO DE CHILE (AP) —
El presidente Sebastián Piñera firmó el lunes un proyecto de ley para crear una subsecretaría de derechos humanos para, entre otras tareas, avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en torno a las violaciones que sufrieron más de 40.000 chilenos durante la dictadura.
Piñera, acompañado del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, firmó el proyecto en un acto realizado en el palacio presidencial, en el que estuvieron ausentes representantes de las agrupaciones de familiares de víctimas del régimen del general Augusto Pinochet, 1973-1990.
El mandatario en su discurso dijo que la subsecretaría, que dependerá del Ministerio de Justicia, deberá liderar "todos los esfuerzos que el gobierno y los gobiernos que vendrán realicen y que hoy día se encuentran desperdigados en distintas reparticiones".
También "deberá recibir, procesar y responder las denuncias presentadas en contra del Estado de Chile ante organismos internacionales".
Recordó que en Chile se cometieron "crueles, graves y reiterados atropellos a los derechos humanos" y señaló que cuando sea aprobada, la subsecretaría "deberá colaborar para seguir avanzando en la búsqueda de verdad y justicia, y también en los planes y programas tendientes a reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en nuestro país en el pasado".
"Ello es algo que se lo debemos a quienes sufrieron las gravísimas e injustificables violaciones a sus derechos fundamentales en el pasado, pero se lo debemos aún más a nuestra generación y a las generaciones que vendrán", añadió Piñera.
Piñera siguió adelante con una comisión que dejó instalada su antecesora Michelle Bachelet, que incluyó en agosto último otras 9.800 personas a la lista de sobrevivientes de la dictadura y 30 nuevos asesinados en ese periodo.
El estado chileno ha sido acusado por abusos contra líderes indígenas, quienes por efecto de una ley antiterrorista estuvieron dos años presos, hasta que los declararon inocentes del delito que se les atribuía, en un caso que igualmente fue heredado de la gestión de Bachelet.
El gobierno de Piñera fue acusado de reprimir con violencia las manifestaciones estudiantiles del 2011, en las cuales repetidamente aparecieron jóvenes con rostros cubiertos que eran reprimidos con gases lacrimógenos y chorros de agua por las fuerzas antimotines.
El Ministerio del Interior intenta criminalizar esas protestas, incluso con penas de cárcel, según un proyecto enviado al Congreso.
Consultada por The Associated Press, la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Lorena Pizarro dijo que nunca recibió una invitación del Ministerio de Justicia para asistir a la ceremonia.
Sobre la elaboración del proyecto, dijo que "tuvimos una sola reunión donde se nos dio a conocer el proyecto", en la que le hizo notar ciertas deficiencias que, a su juicio, tenía la normativa.
Actualmente entre 700 y 800 ex agentes del Estado en la época de la dictadura están vinculados a procesos por atropellos a la dignidad humana, unos 70 están recluidos en dos penales construidos especialmente por gobiernos democráticos para los condenados por violaciones a los derechos humanos y, cada vez más, la Corte Suprema está aplicando la prescripción o la mitad de la prescripción a los criminales de lesa humanidad, considerando el tiempo transcurrido de sus delitos.
Las víctimas oficiales de la dictadura, según cifras oficiales de agosto último, son 3.095 opositores asesinados, de los cuales más de un millar permanecen en la condición de detenidos desaparecidos y 36.948 prisioneros o torturados que sobrevivieron.
La mayoría de los sobrevivientes y parientes de los asesinados reciben una pensión mensual vitalicia equivalente a unos 250 dólares, tienen acceso a un sistema de salud gratuita y beneficios educacionales. Además recibieron, de una vez, varios miles de dólares como indemnización por los crímenes cometidos por el Estado.
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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