Más de 8 meses de prisión preventiva, 4 mil pruebas excluidas, el sobreseimiento definitivo de los 13 imputadosacusados de terrorismo y una persecución mediática es el saldo final tras el Caso Bombas. La investigación liderada por el ex Fiscal Alejandro Peña y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, evidencia su fracaso con el paso del tiempo: Ayer, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones confirmó que la Fiscalía Sur deberá pagar alrededor de 29 millones de pesos por los gastos del proceso.
La decisión de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones fue unánime: La Fiscalía Metropolitana Sur deberá asumir las consecuencias económicas de la extensa investigación mediante la cual pretendía culpar a 14 imputados de atentados y asociación ilícita. Esto, luego de que el 8vo Juzgado de Garantíadecidiera librar definitivamente a los acusados de asumir condenas bajo la Ley Antiterrorista.
Pese a que el fracaso aún no ha sido asumido públicamente por el ministro del Interior ni por su ahora subalterno Alejandro Peña, quien trabaja actualmente como jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, el castigo ratificado por la Corte de Apelaciones es un indicio de lo que podría evidenciar la investigación que aún se mantiene vigente para seis de los acusados. Éstos, enfrentan hoy un juicio por colocación de artefactos explosivos y financiamiento del grupo.
Los jueces aseguraron que “sin entrar en la materia de la prueba reunida para configurar, sí se puede decir que si la inmensa mayoría de dicha prueba fue desechada, por la razón que fuere, por el tribunal de primera instancia, decisión confirmada por esta Corte, no resulta serio, prudente, ni respetuoso con los derechos de quienes debieron soportar los efectos de esta investigación (incluso con extensos períodos de privación de libertad) sostener que se litigó con motivo plausible”.
El polémico Caso Bombas parece acercarse a su fin tras un largo proceso de cuatro años, que incluso involucró el seguimiento de diversos medios de comunicación a los primeros allanamientos. Así, apenas a cuarto días de los allanamientos y detenciones, Informe Especial estrenó un reportaje donde se pretendía evidenciar la asociación entre los individuos anarquistas.
En tanto, el abogado defensor Mauricio Dazza declaró a Radio Bío Bío que quienes deben responsabilizarse por los gastos de la investigación tienen nombre y apellido: Alejandro Peña y Rodrigo Hinzpeter. En tanto, Rodrigo Román, otro de los abogados defensores, de la Defensoría Popular, aseguró que “el único camino posible es el sobreseimiento definitivo”, augurando la libertad para quienes aún enfrentan juicios.
"Los roles de la red terrorista", según publicó El Mercurio
Según detalla la condena, la Fiscalía Sur deberá pagar $6 millones a los abogados Miguel Soto Piñeiro,Valentina Horvath, Rodrigo Román, Julio Cortés y $5 millones a Morris Farachi.
Recientemente, el Observatorio Ciudadano, en conjunto con la Comisión Ética Contra la Tortura y laComisión chilena de Derechos Humanos, anunciaron que presentarán un informe con detalles de las vejaciones que sufrieron los 15 imputados al momento de ser detenidos. Tal como se llega a desprender en el reportaje realizado por Informe Especial, los acusados fueron víctimas de agresivos allanamientos y detenciones.
Durante el último tiempo, la figura de Rodrigo Hinzpeter ha levantado diversas críticas por su relación con el ya fracasado Caso Bombas, la detención del ciudadano paquistaní Saif Khan –acusado de portar rastros de explosivos-, la acusación a Manuel Olate de vínculos con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la reciente alusión a la supuesta responsabilidad de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la muerte de los siete brigadistas durante el incendio de Carahue. Todos los casos anteriores han carecido de evidencia comprobada ante los Tribunales de Justicia, sin embargo, el Ministro del Interior no ha asumido responsabilidad política hasta ahora ni se ha hecho cargo de sus acusaciones cuando la Justicia determina de que son inocentes de lo que los ha acusado.
Por Vanessa Vargas Rojas
Foto: Paula Santibáñez
El Ciudadano
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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