viernes, 25 de mayo de 2012

Le llueve sobre mojado a Hinzpeter: su ministerio deberá pagar más de $16 millones por invocar Ley de Seguridad del Estado en Aysén



En medio del conflicto por las demandas del Movimiento Social por Aysén, el Gobierno decidió querellarse e invocar la Ley de Seguridad del Estado en contra de 21 personas acusadas de incitar a los desórdenes y a un clima de descontrol en la zona.
El juez Patricio Silva, titular del Tribunal de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén, dictaminó "las costas del juicio" a las que fue condenado el Ministerio del Interior por haberse querellado contra 21 habitantes de esa región, invocando la Ley de Seguridad del Estado, y luego haber retirado las acusaciones, procediendo el sobreseimiento de todos los involucrados.

A través de una resolución a la que accedió Emol, el magistrado decidió fijar en 20 UTM ($ 792.980) el pago de las costas para cada uno de los querellados. Es así como el Gobierno deberá cancelar $16.652.580 por su actuar en el marco de las movilizaciones y conflictos vividos a comienzos de este año en la Región de Aysén.

Para tomar esta decisión, el juez Silva señala que tuvo a la vista el mérito de los antecedentes, la especialidad de la norma en la que la facultad exclusiva de invocar esta ley está en manos del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter que al querellarse inició una causa de esta características encomendada a la fiscalía.

También el juez analizó "el número de audiencias que se han desarrollado ante este tribunal con motivo de las incidencias planteadas en relación a la acción penal formulada y, por último, el desistimiento de la acción penal, facultad que la propia Ley sobre Seguridad del Estado confiere al sujeto activo".

En medio del conflicto por las demandas del Movimiento Social por Aysén, el Gobierno decidió querellarse e invocar la Ley de Seguridad del Estado en contra de 21 personas acusadas de incitar a los desórdenes y a un clima de descontrol en la zona. Tras negociaciones el propio Ejecutivo retiró los líbelos acusatorios, determinando el sobreseimiento del caso.

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE

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