Familiares de imputados por Caso Bombas en huelga de hambre denuncian “aislamiento y atropello a derechos básicos”

Viernes 4 de Marzo 2011 12:34 hrs.

Familiares de imputados por Caso Bombas en huelga de hambre denuncian “aislamiento y atropello a derechos básicos”


radio.uchile.cl

Según una carta enviada por los cercanos a los acusados, éstos son sometidos a un régimen carcelario "extremadamente severo" y sus garantías procesales son violadas por la aplicación de la Ley Antiterrorista. El ayuno se ha extendido por 11 días.

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Los familiares de los diez imputados por el Caso Bombas que permanecen en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) divulgaron una carta en la que denuncian “condiciones de aislamiento y atropello a derechos básicos” y alertan sobre la huelga de hambre líquida que éstos realizan.

El documento recuerda que los acusados realizan el ayuno desde el 21 de febrero, en contra de la reformalización con nuevos cargos que se les realizará el próximo 16 de marzo, impulsada por el fiscal de la Zona Sur, Alejandro Peña, y las condiciones del proceso.

La misiva finaliza afirmando que los huelguistas han bajado entre cuatro y cinco kilos y mantendrán la medida hasta obtener libertad inmediata, término del montaje jurídico policial, fin de la Ley Antiterrorista y fin a los plazos investigativos, para la realización de un juicio justo.

“Nuestros familiares han cumplido seis meses de prisión preventiva, con posterioridad a un operativo mediático-policial donde sus imágenes fueron grabadas y difundidas por todos los medios de comunicación y como en los peores tiempos de la dictadura, utilizadas para culpabilizarlos ante la opinión pública, en abierta vulneración del derecho de privacidad, de presunción de inocencia y de un debido proceso”,explican.

El texto describe el régimen carcelario como “extremadamente severo y de casi total aislamiento”: contempla encierro de 21 horas diarias, con dos salidas de una hora y media, a un patio y un pasillo; celdas individuales de 2×3 metros con luz artificial permanente; dos visitas semanales de tres horas, una por locutorio que fue rechazada y una corporal, que en la práctica se reduce a la mitad por ineficacia de Gendarmería; y la inexistencia de visitas conyugales.

Asimismo, aseguran que la Ley Antiterrorista viola las garantías procesales de los imputados: la Fiscalía tiene capacidad para fabricar pruebas, niega la presunción de inocencia, permite la prisión preventiva hasta por 24 meses y la utilización de testigos sin rostro, argumentan.

Los familiares denuncian además “los vicios y aberraciones judiciales que hemos visualizado con el pasar de los meses como familiares: carpetas secretas; intervenciones telefónicas a los abogados, a nosotros mismos o nuestros cercanos; continua utilización de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos, como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliaga; o de prisioneros comunes que pueden ser manipulados por la Fiscalía, con la promesa de rebaja de condenas, traslado a cárceles con mejores condiciones o la extradición”.


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