Senadores acuden a Contraloría por conflicto de interés de Von Baer en polémica por semillas

Senadores acuden a Contraloría por conflicto de interés de Von Baer en polémica por semillas
Loreto Soto

Senadores presentaron un requerimiento a la Contraloría para que investigara los posibles conflictos de intereses de la vocera de Gobierno, Ena Von Baer – quien maneja el 15 por ciento de la propiedad una de las mayores empresas productoras de semillas del país – en la aprobación del UPOV 91. La autoridad se defendió diciendo que el proyecto se presentó en el gobierno de Michelle Bachelet.


Continúa la polémica en torno al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones de Vegetales, más conocido como UPOV 91. Este miércoles un grupo de senadores presentó un requerimiento a la Contraloría para que investigara los conflictos de intereses de la vocera de Gobierno, Ena Von Baer en este tema.

Al asumir su cargo, la ministra indicó en su declaración de patrimonio que participaba con el 15 por ciento de la propiedad en “Semillas Baer”, compañía encabezada por su padre, Erick Von Baer, quien es dueño de más de 700 especies de semillas de quínoa inscritas hasta 2016, además de una veintena de variedades de avena, cebada y trigo.

La secretaria de Estado se encuentra en el ojo del huracán porque Semillas Baer sería una de las principales beneficiadas en Chile con la entrada en vigencia del UPOV 91, que consagra el pago de un “derecho de obtentor”, que no sólo se limita a las propias semillas, sino que también se extiende a todas las cosechas que se hagan a partir de un brote agrícola mejorado.

Por lo mismo, el senador del MAS, Alejandro Navarro, hizo un llamado a la vocera a transparentar el beneficio económico que obtendrá de esto. “El padre de la ministra no es sólo el presidente de esta compañía, sino que un importante empresario del sector. Esta es una ley que lo favorece y por eso Von Baer debería aclarar públicamente este conflicto”, dijo el legislador.

Una postura que fue ratificada por el representante de Chile Sin Transgénicos, Cristián Sauvageot quien aseguró que existe una falta de transparencia en este tema, que quedó demostrada cuando el SAG negó la entrega del mapa que mostraba la localización de los cultivos transgénicos, influenciado por el lobby de compañías transnacionales y de la empresa de los Von Baer.

Las organizaciones presentaron un recurso al Consejo de Transparencia, quien obligó al servicio público a entregar la información. Sin embargo, un grupo de compañías apelaron a la resolución ante la justicia, que debería entregar un veredicto en las próximas semanas.

“Entre las 26 empresas que apelaron hay una cantidad de sociedades anónimas y limitadas. Está también Monsanto, Anasac, que es propiedad de Monsanto, y también Erick Von Baer. Por lo tanto, ahí se empieza a ver claramente de qué se trata esta situación para ir avanzando a la privatización de la semilla y a la introducción de los transgénicos en Chile”, dijo Sauvageot.

Por su parte, la vocera de gobierno, Ena Von Baer, descartó tener conflictos de intereses y aseguró que era una “bajeza” que se la implique en este conflicto. Esto porque, según ella, el proyecto fue ingresado en 2009 bajo la administración de Michelle Bachelet para cumplir con un tratado internacional, por lo que no tendría nada que ver con eso.

“Los senadores conocen estos datos, saben que es un proyecto presentado por el gobierno anterior, apoyado por cuatro de sus ministros y transversalmente en la Cámara de Diputados. Este tipo de bajezas hacen que la política se enlode”, dijo la jefa de la Segegob.

En tanto, el Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento interpuesto por parlamentarios para determinar la legalidad de la aprobación de este convenio que, de acuerdo con lo que plantean sus detractores, impedirá a los campesinos guardar sus semillas, obligándolos a pagar derechos anualmente y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.

Organizaciones ciudadanas, universidades y otros organismos expertos en la materia podrán hacer llegar sus observaciones al tribunal hasta el 15 de junio.


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