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| Los disturbios pasados en Chile dejaron pérdidas.Foto: Xinhua |
2011-08-13
LA ESTRELLA
Una encuesta divulgada hoy en Chile reveló que el 76 por ciento de los chilenos apoya las protestas estudiantiles por un reforma que amplíe la educación pública y elimine el lucro en este sector.
Según dicha pesquisa, el 65 por ciento de los encuestados indicó estar en desacuerdo con las ofertas hechas por el gobierno para solucionar el conflicto, que lleva tres meses, y motivó el paro de las clases y la toma de unos 200 establecimientos educacionales, con el argumento de que la propuesta gubernamental insuficiente.
De acuerdo con el sondeo, realizado por el diario chileno "La Tercera", el respaldo de la ciudadanía a las protestas y movilizaciones estudiantiles muestra un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con el anterior sondeo, realizado el 1 de agosto, cuando era de un 72 por ciento.
En cuanto al plan del gobierno para modernizar la educación y terminar el conflicto, la encuesta señala que el 65 por ciento de las personas dice estar en desacuerdo, lo cual representa un incremento de dos puntos respecto a la medición anterior, cuando marcó un 63 por ciento.
Ante la pregunta de si el lucro perjudica o no la calidad de la educación, el 75 por ciento de los consultados afirmó que "es perjudicial", lo cual significa un aumento de cinco puntos en comparación a la muestra del 1 de agosto, en donde un 70 por ciento se manifestó en ese sentido.
Los estudiantes han denunciado que el lucro que realizan las universidades y otros centros educacionales es ilegal porque no hay leyes que la respalden, y cuyos altos precios de matrículas y textos perjudican a las familias pobres y de clase media.
Respecto a la evaluación que han tenido los diversos actores involucrados en el tema, los dirigentes universitarios tienen un 77 por ciento de adhesión, mientras que la presidenta de la Federación de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, obtuvo un 68 por ciento de evaluación positiva.
Sin embargo, la encuesta indicó que los partidos políticos y el ministro de Educación tienen un alto rechazo de la ciudadanía por su actuación, pues la opositora Concertación, de centro izquierda, obtuvo un 59 por ciento de rechazo, la Coalición de gobierno un 50 por ciento y el ministro de Educación, Felipe Bulnes, un 44 por ciento.
Este sondeo concluye que, a pesar de los daños que han dejado las últimas protestas en la propiedad pública y privada, un 74 por ciento consideró que las autoridades deben permitirlas siempre, aun cuando puedan producirse desmanes. En tanto, sólo un 22 por ciento consideró que deben ser prohibidas.
Un 42 por ciento estimó que los estudiantes deben mantener los paros, pero que estén dispuestos a dialogar con las autoridades, mientras que un 27 por ciento cree que deben terminar las movilizaciones e iniciar la discusión de los proyectos propuestos por el gobierno.
Además, el 70 se mostró en desacuerdo por que el gobierno no permita marchas por la Alameda, la arteria principal de Santiago, mientras que un 29 por ciento se mostró partidario de que se prohíban.
De acuerdo con esta investigación, un 40 por ciento de los consultados considera que la falta de castigo para quienes cometen delitos es la causa principal de que las manifestaciones pacíficas terminen en actos de violencia, llevados a cabo por personas que no son estudiantes.
En este sentido, un 20 por ciento cree que tal situación obedece a la intransigencia del gobierno, un 15 por ciento a la falta de control policial respecto de quienes cometen desmanes, un 12 por ciento a la incapacidad del gobierno para frenar las protestas y un 9 a la falta de responsabilidad política de quienes las convocan.
El gobierno y el parlamento han acordado establecer una mesa de trabajo para negociar con los estudiantes y profesores, quienes ya han convocado una masiva marcha para el próximo 18 de agosto.
Según dicha pesquisa, el 65 por ciento de los encuestados indicó estar en desacuerdo con las ofertas hechas por el gobierno para solucionar el conflicto, que lleva tres meses, y motivó el paro de las clases y la toma de unos 200 establecimientos educacionales, con el argumento de que la propuesta gubernamental insuficiente.
De acuerdo con el sondeo, realizado por el diario chileno "La Tercera", el respaldo de la ciudadanía a las protestas y movilizaciones estudiantiles muestra un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con el anterior sondeo, realizado el 1 de agosto, cuando era de un 72 por ciento.
En cuanto al plan del gobierno para modernizar la educación y terminar el conflicto, la encuesta señala que el 65 por ciento de las personas dice estar en desacuerdo, lo cual representa un incremento de dos puntos respecto a la medición anterior, cuando marcó un 63 por ciento.
Ante la pregunta de si el lucro perjudica o no la calidad de la educación, el 75 por ciento de los consultados afirmó que "es perjudicial", lo cual significa un aumento de cinco puntos en comparación a la muestra del 1 de agosto, en donde un 70 por ciento se manifestó en ese sentido.
Los estudiantes han denunciado que el lucro que realizan las universidades y otros centros educacionales es ilegal porque no hay leyes que la respalden, y cuyos altos precios de matrículas y textos perjudican a las familias pobres y de clase media.
Respecto a la evaluación que han tenido los diversos actores involucrados en el tema, los dirigentes universitarios tienen un 77 por ciento de adhesión, mientras que la presidenta de la Federación de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, obtuvo un 68 por ciento de evaluación positiva.
Sin embargo, la encuesta indicó que los partidos políticos y el ministro de Educación tienen un alto rechazo de la ciudadanía por su actuación, pues la opositora Concertación, de centro izquierda, obtuvo un 59 por ciento de rechazo, la Coalición de gobierno un 50 por ciento y el ministro de Educación, Felipe Bulnes, un 44 por ciento.
Este sondeo concluye que, a pesar de los daños que han dejado las últimas protestas en la propiedad pública y privada, un 74 por ciento consideró que las autoridades deben permitirlas siempre, aun cuando puedan producirse desmanes. En tanto, sólo un 22 por ciento consideró que deben ser prohibidas.
Un 42 por ciento estimó que los estudiantes deben mantener los paros, pero que estén dispuestos a dialogar con las autoridades, mientras que un 27 por ciento cree que deben terminar las movilizaciones e iniciar la discusión de los proyectos propuestos por el gobierno.
Además, el 70 se mostró en desacuerdo por que el gobierno no permita marchas por la Alameda, la arteria principal de Santiago, mientras que un 29 por ciento se mostró partidario de que se prohíban.
De acuerdo con esta investigación, un 40 por ciento de los consultados considera que la falta de castigo para quienes cometen delitos es la causa principal de que las manifestaciones pacíficas terminen en actos de violencia, llevados a cabo por personas que no son estudiantes.
En este sentido, un 20 por ciento cree que tal situación obedece a la intransigencia del gobierno, un 15 por ciento a la falta de control policial respecto de quienes cometen desmanes, un 12 por ciento a la incapacidad del gobierno para frenar las protestas y un 9 a la falta de responsabilidad política de quienes las convocan.
El gobierno y el parlamento han acordado establecer una mesa de trabajo para negociar con los estudiantes y profesores, quienes ya han convocado una masiva marcha para el próximo 18 de agosto.
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