COMPLICE ....O... DESCARADO...O AMBAS COSAS

LA ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS RECHAZA EN FORMA ENERGICA Y TAJANTE, EL FALLO DICTADO POR EL "MINISTRO" VICTOR MONTIGLIO, AL APLICAR LA LEY DE AMNISTIA Y ABSOLVER DE CULPA A LOS ASESINOS SINDICADO POR LA MAYORIA DEL PAIS COMO TALES, Y NO SOLO POR EL PAIS SI NO QUE HAY DOCUMENTOS QUE AVALAN LO QUE DECIMOS .

NOS PARECE EXTRAÑO QUE DICHOS DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL DIARIO ELECTRONICO EL MOSTRADOR, NO HAYAN SIDO TOMADOS EN CUENTA POR EL SR. MONTIGLIO Y QUE A CONTINUACION TRANSCRIBIMOS ¿SE AGOTARON LAS DILIGENCIA PARA MEJOR RESOLVER? POR LO QUE SE VE NO .

Documentos oficiales inéditos hastaahora, incluso para los tribunales, y en los que aparecen anotaciones manuscritos del ex presidente de la Junta Militar de Gobierno Augusto Pinochet, probarían que no solo conocía la " ilegalidad " de los crímenes que una misión militar encabezada por el General Sergio Arellano Stark, cometió en el norte del país en octubre de 1973, si no que, además, ordeno explicítamente no hacer investigación ni sancionar a los responsables.Cosa que el Juez Montiglio ha sabido muy bien cumplir.

Los documentos que se entregan en forma exclusiva y que no forman parte del proceso tiene directa relación con los delitos por los que estan siendo procesados los inculpados, y en particular con los 14 homicidios, que llevaron a cabo en Antofagasta, el 19 de octubre 1973.

La resolución que adopto entonces el comandante en Jefe del ejército, el auditor General del ejército y las opiniones vertidas por el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, el actual senador RN, Sergio Diez, y el Ministro de Justicia de la época, Gonzalo Prieto.

En efecto, el primer documento, fechado el 31 de octubre, doce días después de ocurridos las 14 ejecuciones sumarias de Antofagasta, está firmadopor el entonces Ministro de Justicia Gonzalo Prieto Gándara y está dirigido, al Vicealmirante Patricio Carvajal, en su calidad de Ministro de Defensa. En él Prieto afirma "Me permito adjuntarle una copia fotostática de la denuncia formulada al Ministro infrascrito por el abogado Gastón Cruzat Paul, y que se refiere a las torturas que habría sido sometido el ciudadano Eugenio Ruiz -Tagle Orrego, quien posteriormente fue ejecutado, al parecer sin previa condena de tribunal competente".

" La denuncia en cuestión me sido confirmado personalmente, por los abogados señores Sergio Diez Urzúa y Jaime Guzmán Errázuriz " .

" Teniendo presente la gravedad de los hechos que se relatan, he estimado mi deber poner en conocimiento de US pues parece indispensable que sobre el particular se adopten medidas muy enérgicas que impidan la repetición de situaciones similares, y , que se inicien las investigaciones pertinentes para sancionar a los culpables, si los hubiere ".

" Identicas consideraciones me merece la acusaciones de que numerosas otras personas habrían sido ajusticiadas sin juicio previo ".

"Finalmente, me parece indispensable que la Honorable Junta de Gobierno tome conocimiento de esta situación porque se están transgrediendo principios e instrucciones muy precisas emanadas del Presidente, general de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte. Dios guarde a US.” Abajo, la firma de Gonzalo Prieto.

Auditor quería investigar El memorándum, con carácter de “confidencial”, demoró un tiempo en el escritorio del entonces ministro Carvajal. De allí, el quemante oficio saltó a manos del jefe del Estado Mayor del Ejército, y luego fue examinado por el Auditor General del Ejército, general Osvaldo Salas. El 24 de noviembre de 1973, Salas le informó a Pinochet, entregándole los antecedentes suministrados por Prieto y su opinión personal al respecto. “Por providencia Nº 12.900/131, el señor jefe del estado mayor del Ejército ha remitido al suscrito los antecedentes adjuntos para que “los ponga en conocimiento de S.E. como lo solicita el señor Ministro de Justicia”. “Los aludidos antecedentes inciden en una denuncia formulada por el abogado señor Gastón Cruzat Paul, referente a torturas y ejecuciones de detenidos ocurridas en Antofagasta el 19 de octubre último y cuyos detalles se consignan en memorándum adjunto, suscrito por el expresado profesional”. “En atención a la gravedad de los hechos denunciados representada por el señor Ministro de Justicia y que esta Auditoría general comparte, se estima procedente disponer la instrucción de una Investigación Sumaria Administrativa, con el objeto de esclarecer tales hechos y determinar la presunta responsabilidad consiguiente. Saluda a S.E.”. Osvaldo Salas, General de Brigada (J) Auditor General del Ejército.

La respuesta de Pinochet A la fecha, y según ha logrado determinarlo el juez Guzmán por las declaraciones de los generales Joaquín Lagos, Sergio Arellano y Enrique Morel, además de otros testimonios de oficiales, el general Pinochet sabía por información entregada por los principales protagonistas de los hechos de las ejecuciones y de las irregularidades que se habían cometido. Pero el general Pinochet no compartió ni la preocupación expresada por Prieto y Salas, y menos la necesidad investigar y sancionar a los responsables. En el mismo oficio ordenó de su puño y letra: “Proponga respuesta: El señor Eugenio Ruiz-Tagle O. fue ejecutado en razón a los graves cargos que existían contra él.- No hubo torturas- según información”. Y abajo, la firma ya conocida de Augusto Pinochet. A la fecha, y según ha logrado determinarlo el juez Guzmán por las declaraciones de los generales Joaquín Lagos, Sergio Arellano y Enrique Morel, además de otros testimonios de oficiales, el general Pinochet sabía por información entregada por los principales protagonistas de los hechos de las ejecuciones y de las irregularidades que se habían cometido. Sin embargo, ordena que se le responda a Prieto que el homicidio de Ruiz-Tagle -“la ejecución”, según sus propias palabras- tuvo su origen en “graves cargos”. Silencia las torturas e impide investigación y sanción. El tercer oficio No fue el único capítulo en el que el ex comandante en jefe faltaría a la verdad. Así lo prueba un tercer oficio, de marzo de 1975, en que Pinochet asume que no tiene ninguna información al respecto y pide antecedentes al comandante en jefe de la I División del Ejército, frente a la denuncia que formula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el oficio, que firma por “encargo del comandante en jefe del Ejército”, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gustavo Alvarez, se dice que la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores en demanda de información respecto a una lista de “personas fusiladas o fallecidas en tortura”, comunicación que este ministerio hizo llegar al de Interior, quien ha expresado haber agotado las diligencias para reunir antecedentes que permitan dar una respuesta concreta a la acusación formulada por ese organismo internacional, y atendido el hecho que en todo los casos le ha correspondido una participación directa a organismos dependientes del Ministerio de Defensa, solicita antecedentes...” Y en los párrafos siguientes del oficio se lee: “Se alega que (Ruiz-Tagle) fue sometido a torturas a consecuencia de cuyas lesiones murió el 19 de octubre de 1973. Este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades militares de la zona, y en particular, del general Joaquín Lagos. Se acompaña copia de una comunicación del 29 de octubre de 1973, de la madre de la víctima, señora Alicia Orrego de Ruiz-Tagle, dirigida al señor Enrique Montero, subsecretario del Interior. Solicita que se permita la exhumación de los restos de Eugenio Ruiz-Tagle, enterrado en Antofagasta, con el objeto de efectuar una autopsia que demuestre la forma en que fue asesinado”. “En la propia copia se expresa que la misma es texto fiel de la que fue leída en el Consejo de Gabinete del Gobierno de Chile, el miércoles 29 de octubre de 1973, agregándose lo siguiente: “El día 30 supe que el cadáver de mi hijo tenía dos impactos de bala, uno en una clavícula y otro no sé bien, pero creo en las costillas bajas... esto se lo comuniqué inmediatamente por teléfono a uno de los ministros de Estado”. El ex comandante en jefe faltó nuevamente a la verdad ante el juez Juan Guzmán cuando afirmó que a él no le correspondía adoptar medidas para investigar las responsabilidades en los homicidios y secuestros que la llamada Caravana de la Muerte cometió al menos en Antofagasta, según lo prueban estos documentos, el primero de los cuales está fechado sólo 12 días después que se cometieran las ejecuciones.

Las huellas que no se borran "Los militares nos sacaban de la cárcel para llevarnos a distintos lugares para ser interrogados en base a torturas. Quedábamos muy deteriorados por los golpes y la mala alimentación. Con quien más se ensañaban era con Eugenio Ruiz-Tagle y Mario Silva. En cada oportunidad que los sacaban volvían con los cuerpos como bolsas debido a los golpes de puño, palos y con elementos de goma", relata al "prisionero" Hugo Saavedra Escobar. Sergio Diez y Jaime Guzmán, además del ministro Gonzalo Prieto, reaccionaron con horror frente a los relatos de cómo habían sido asesinados Ruiz-Tagle, Mario Silva Iriarte y otros ejecutados en Antofagasta el 19 de octubre. Y se entiende. Porque entre los relatos de los sobrevivientes de la masacre quedó la huella de un capítulo para no olvidar. Huellas que hacen recordar que Eugenio Ruiz-Tagle tenía sólo 26 años en octubre de 1973. Ingeniero civil, era gerente de la empresa estatal Inacesa, en Antofagasta, y como tantos otros dirigentes de la Unidad Popular, se presentó voluntariamente ante las nuevas autoridades militares, acuarteladas en el edificio de la Intendencia, cuando su nombre apareció en un bando militar después del Golpe. “Un día me llevaron al lugar denominado Cerro Moreno. Me sorprendió que me encontrara con Mario Silva y otras personas, como Eugenio Ruiz-Tagle y el vicerrector de la Universidad de Antofagasta, Héctor Vera. Allí permanecimos hasta fines de septiembre de 1973, lapso en el cual el único que fue torturado fue Eugenio. El traslado a la cárcel de Antofagasta se hizo en un camión sin baranda, un trayecto que se hizo lento y los militares nos pusieron un pie en la cabeza y nos apuntaban con la metralleta para que toda la ciudad se diera cuenta de lo que pasaba”. Así relata su encuentro con Ruiz-Tagle, Silva y otros “prisioneros”, Hugo Saavedra Escobar. El “tratamiento” en Antofagasta se hizo más duro y violento, relata Saavedra: “Los militares nos sacaban de la cárcel para llevarnos a distintos lugares para ser interrogados en base a torturas. Quedábamos muy deteriorados por los golpes y la mala alimentación. Con quien más se ensañaban era con Eugenio y Mario Silva. En cada oportunidad que los sacaban volvían con los cuerpos como bolsas debido a los golpes de puño, palos y con elementos de goma”. “El 18 de octubre, en horas de la noche, hubo mucho ajetreo en la cárcel, razón por la cual y a pesar de mi deteriorado estado de salud, me levanté y pude mirar a través de un orificio, como los militares sacaban desde la celda del frente a la mía a un detenido, Nelson Cuello, funcionario de Corfo, subordinado de Silva. Lo sacaron en andas por el hecho de que, posteriormente, supe que, durante la tortura, en el interrogatorio, le había quebrado la espina dorsal...” Blas Espinoza, otro de los prisioneros que sobrevivió, también compartió con Ruiz-Tagle y Silva y vio cómo bajaban a Cuello “en andas” desde el 4º piso de la cárcel la noche del 18 de octubre. “Escuché que se quejaba... Al día siguiente un mozito, el que lo bajaba, me dijo que “a Nelson Cuello le habían roto la columna vertebral y por ello habían ordenado su ejecución”. A la mañana siguiente Eugenio Ruiz-Tagle, Mario Silva, Nelson Cuello, Washington Muñoz y otros diez prisioneros ya no estaban. Habían sido ejecutados a golpes de corvo, “condenados a una muerte lenta”, como dijo el general Joaquín Lagos. Veintisiete años más tarde, sus cuerpos despedazados y la columna quebrada a golpes de Nelsón Cuello esperan por un fallo.

fuente diario electronico el mostrador

EDUARDO SANCHEZ B
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE