por un juicio justo

II COMUNICADO: POR EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO.

Estamos a pocos días de cumplir el plazo fijado para el desarrollo del juicio oral que la Fiscalía de Rancagua lleva en contra de quienes fuimos detenidos el día 07 de mayo, acusados de una serie de delitos ocurridos los años 2004 y 2005.
En este marco, parece pertinente precisar información y señalar algunas denuncias sobre lo ocurrido en el transcurso de una “investigación” plagada de arbitrariedades cometidas por el Fiscal Servando Pérez, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la Policía de Investigaciones.
Como he señalado con anterioridad, mi esposa, Flor Domínguez Rosas, no se encontraba en la línea investigativa desarrollada por el Fiscal Servando Pérez, situación que explica el hecho que, al momento de mi detención, ella no tuviera la misma orden en su contra. Hemos señalado también que el Fiscal Servando Pérez, entrega una orden verbal de detención para Flor a petición de un Inspector de investigaciones de Rancagua que usó el apellido Reyes, a cargo del operativo en mi casa habitación. También hemos señalado que la detención arbitraria de mi esposa es una represalia y una forma de tortura psicológica frente al uso de mi legítimo derecho a guardar silencio. Esto es expresamente aclarado por el Inspector Reyes al señalar que yo asumiera la responsabilidad de la detención de mi esposa “por tener una actitud rebelde”, agregando, “no te preocupes, que tenemos todos los medios y la tecnología para poner y sacar pruebas, según sea el caso”.
Es tan evidente el chantaje y la actitud torturadora de los órganos señalados, que mi esposa obtiene el cambio de las medidas precautorias, es decir la libertad, sólo dos meses después de nuestra detención y tal como me lo advirtiera el inspector Reyes al minuto de acogerme al derecho de guardar silencio,”dos meses te la tendremos detenida”.
Debo señalar que mi negativa a declarar, estuvo fundada exclusivamente por no confiar en los abogados de la defensoría penal pública, quienes, como ya ha sido señalado, han actuado como apéndices de la fiscalía. Sólo una vez conseguido un abogado que considerara de mi confianza, creí posible declarar.
Otra situación anómala, es que la ANI participó en los operativos de detención e interrogatorios en conjunto con la policía de investigaciones. Más aún, el operativo general estuvo dirigido por un miembro de la ANI, quien usaba el pseudónimo de “mayor”. Los miembros de la ANI e Investigaciones, dedicaron especial atención, a la detención e interrogatorio de Sergio Reyes Matus.
El fiscal, Servando Pérez, se encontraba en el cuartel de investigaciones de Rancagua el día 07 de mayo. Ello certifica que tuvo pleno conocimiento que en otras dependencias del mismo cuartel donde él se encontraba, se torturaba física y psicológicamente a los detenidos, para que firmaran declaraciones inculpatorias. Cabe resaltar que en el cuartel de investigaciones, no se hicieron presentes los abogados de la defensoría pública de Rancagua, situación que acredita que nadie defendió nuestros derechos, fuertemente atropellados en esos momentos.
El día que el fiscal Servando Pérez, citó a declarar a Sergio Reyes, se produjo una nueva situación anómala, por decir lo menos, dado que el interrogatorio fue dirigido por dos miembros de la ANI que no se identificaron, hecho que se produjo en presencia del fiscal y del abogado de la Defensoría Penal Pública, de nombre Cristian Godoy.
A pesar de que el fiscal Servando Pérez ha asegurado que respeta y garantiza los derechos de los detenidos y que personalmente, me ha asegurado que no tiene ningún compromiso con la Agencia Nacional de Inteligencia ,debo denunciar que este fiscal miente de manera descarada, presentando pruebas que son falsas, usando declaraciones obtenidas bajo presión o tortura psicológica de testigos ocultos o protegidos, presentando objetos o situaciones que forman parte de la vida familiar o profesional, pero que, sacadas de contexto, aparecen como pruebas en el proceso. El señor fiscal se ha preocupado más de generar una sensación pública de criminalización y culpabilidad de quienes somos los imputados, que de esclarecer quienes, efectivamente, participaron de los ilícitos que se investigan. Parece ser que su propio rol como fiscal está a prueba y, para salvar el honor, no trepida en emplear procedimientos viciados y espurios, con una visión subjetiva (por ejemplo, descartando pruebas fehacientes que me exculpan, mientras pone todo su esfuerzo en lograr, por la vía de la presión y el chantaje, declaraciones de otras personas para que me inculpen), en fin, el Fiscal está centrado en lograr que los imputados seamos condenados para tapar la inoperancia y corrupción que conlleva su trabajo.
No es posible dejar pasar por alto que en este empeño, las instancias de garantía han jugado a favor de los malos procedimientos y de las intenciones del Fiscal, desoyendo las argumentaciones de los imputados, así como también, desechando las pruebas que nos exculpan y atendiendo sólo a las argumentaciones fantasiosas de un fiscal que ha sido cuestionado no pocas veces por su proceder.
Al respecto, habrá que señalar que, según el mismo fiscal, fui investigado durante casi tres años. En este marco, fui seguido, fotografiado, los teléfonos personales intervenidos, la ANI e Investigaciones instalaron micrófonos en mi hogar, mientras este estaba sin moradores, y sin embargo, no existe delito alguno que se me pueda imputar durante toda la investigación secreta y clandestina realizada por esta oficina e Investigaciones de Chile, o pruebas de mi participación en los ilícitos que se investigan.
Quiero reiterar que me siento orgulloso de haber luchado en las filas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) contra la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Señalo con fuerza y valentía que mi pasado no es terrorista, más aún, cuando el MIR fue reconocido por muchos gobiernos, como una organización de liberación nacional y reconocida también su valiente resistencia contra la dictadura.
El fiscal, se refiere a mi pasado político como un hecho vergonzoso, con el propósito de establecer culpabilidad a priori. Sin embargo, no señala que mi condena fue de relegación dentro del país y que la misma, fue conmutada por la pena de extrañamiento por el ministro German Hermosilla, a raíz de un vil, cruel y sangriento crimen de la CNI en contra de un compañero procesado en la misma causa y que se encontraba en libertad bajo fianza. Me refiero al Compañero Hugo Riveros Gómez. Sus asesinos siguen impunes y caminando libres por las calles de nuestro país. Esto, el fiscal lo sabe, lo esconde y lo silencia.
A pocos días de la realización del juicio oral, es preciso insistir en la necesidad de que los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, los sindicatos de trabajadores, los periodistas honestos, los parlamentarios efectivamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y las personas sensibles ejerzan control social sobre la fiscalía y, en especial, sobre el fiscal Servando Pérez, sobre las instancias de garantía, y los jueces que actúan en esta causa como una forma de garantizar un Juicio Justo, donde la culpabilidad se establezca con pruebas irrefutables y no en base a meras presunciones o en base a sesgos o prejuicios determinados por la orientación política de quienes tienen el deber de impartir justicia.
Kenny Sánchez Contreras - Preso Político- Complejo Penitenciario de Rancagua.
Octubre de 2008


ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE