IV COMUNICADO

IV COMUNICADO POR EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO

El 18 de diciembre se realizó la audiencia en la cual mis abogados solicitaron nuevamente el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva en el recinto carcelario de Rancagua por prisión nocturna domiciliaria. En ella se presentaron distintos tipos de antecedentes que tienden a demostrar mi inocencia en los hechos que se me imputan. Entre ellas:
• Que el 20 de diciembre de 2004, no pude tener participación en los hechos de Loncoche en tanto distintas personas e instituciones, mediante declaraciones juradas notarialmente, certifican que desarrollé actividades personales y políticas en la comuna de Ercilla.
• En relación a los hechos de Machalí, más de 12 personas, mediante declaraciones juradas, certifican haber estado conmigo los días 8, 9 y 10 de junio de 2005, en la comuna de Ercilla las dos primeros días y, en la ciudad de Santiago el tercer día. Entre quienes declaran hay familiares, personas relacionadas con la familia y vecinos de la casa de mi madre a quien visitaba por su delicado estado de salud. Todos estos antecedentes se encuentran en manos del fiscal.
El fiscal se opuso al cambio de medida cautelar por las siguientes razones:
• Que yo habría reconocido haber llegado el día 09 de junio a Santiago.
• Que había sido reconocido por la Sra. Odette Hermosilla y su hija en base a un retrato hablado contrastado con fotografías como una de las personas involucradas en los hechos.
• Que habría viajado a Buenos Aires a una reunión de carácter político y que yo sería uno de los jefes de esta supuesta organización, afirmación que estaría sustentada en una declaración de Sergio Reyes, otro de los imputados.
• Existencia de un Chips telefónico que me involucraría.
Cabe señalar que el fiscal miente descaradamente y el Juez de garantía no resguarda la obligación que tiene el fiscal de que los antecedentes que éste entrega sean veraces a fin de que las decisiones que pueda tomar se ajusten a los méritos de la investigación.
En primer lugar, en la declaración frente al Fiscal dejé claramente establecido, con declaraciones juradas mediante, de mi presencia en la comuna Ercilla los días 8 y 9, de modo que mi arribo a Santiago se produce el día 10 por la mañana a objeto de participar en una ceremonia de una sobrina para luego visitar a mi madre, en esos momentos enferma, situación avalada por certificados médicos.
El caso del “reconocimiento”, a todas luces se miente o se fuerza la realidad en tanto las características de la persona del retrato hablado no corresponden a las características físicas de mi persona.
En el caso de la supuesta declaración de Sergio Reyes, debo señalar que siempre he reconocido conocer a Sergio como un amigo con quién me juntaba a conversar en lugares públicos. Tengo claridad que si Sergio ha declarado lo que señala el fiscal ha sido producto del chantaje y la tortura psicológica a la cual fue sometido desde su detención a objeto de que involucre a otras personas. No tengo dudas de la integridad ética y moral de Sergio y confió en que sabrá superar la tortura psicológica y las presiones de la cual ha sido objeto.
Respecto del Chips y su relación con un aparato de teléfono que se dice es de mi hijo (cosa que es falsa), es algo que aparece de modo poco claro en un intento de dar base material a la acusación y que nuestra defensa se encuentra investigando. Aun con todo, y según el decir del mismo fiscal, el aparato no posee ninguna grabación de conversaciones que me involucren en los hechos que se me imputan a pesar de todo el período de investigación que han desarrollado y el control de fonos que realizaron.
Es preciso insistir en la existencia de una clara voluntad política de condenar a las personas imputadas en tanto el fiscal sabe que los verdaderos involucrados no han sido habidos, de modo que debe encarar de algún modo su fracaso en la resolución de estos casos, su prestigio personal está en juego. Por otra parte, ha quedado claro el nivel de prejuicio político del Fiscal y las instancias de garantía en tanto mi pasado de Militante del MIR anula toda presunción de inocencia en el caso.
Finalmente, no es posible dejar pasar por alto la necesidad de avanzar de modo más sistemático en una especie de control social sobre las actuaciones de la fiscalía y las instancias de garantía a fin de garantizar el desarrollo de un juicio justo, de modo de vencer el prejuicio político, más aún cuando bajo el nuevo régimen procesal existen, según investigación periodística, más de 300 casos de imputados e incluso personas condenadas con “pruebas” espurias que han resultado inocentes luego de meses e incluso años de prisión, situación que a los fiscales les sale gratis en tanto no tienen que rendir cuenta por los errores o ineficiencia investigativa que afectan a las personas.



KENNY SÁNCHEZ C.
Preso Político
Complejo Penitenciario Rancagua




Enero de 2009

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE