Organizaciones acusan oportunismo mediático

29 de Noviembre de 2010


Las contradicciones de Interior en los casos de DD.HH.
Los abogados del Programa de Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, coinciden que el gobierno actuó comunicacionalmente en la presentación del libelo por el “suicidio” del ex ministro de Allende, José Tohá. Y que dicho comportamiento es discriminador, ya que existen al menos 70 querellas por otras causas de crímenes de lesa humanidad que duermen el sueño de los justos hace varios meses en La Moneda. En la cartera, sin embargo, aseguran que el escrito estaba listo hace meses, pero no quisieron entregar una versión oficial.

por Jorge Molina Sanhueza


La noticia corrió como reguero de pólvora entre los profesionales del PDH porque nadie fue informado de la acción legal, como ocurre frecuentemente, previo informe y análisis de la situación en que se haya la investigación.

La decisión adoptada por Interior, tenía en todo caso un cierto asidero y un contexto propicio para ejecutarla. Días antes, el tribunal de alzada capitalino había ordenado exhumar el cuerpo de Tohá, luego que un peritaje externo -encargado por la familia del ex secretario de Estado al doctor Alberto Chelén- concluyera que el fallecimiento se produjo por la acción de terceros y no por un suicidio como se registró en el acta de defunción. Y además, el miércoles 24 había fallecido monseñor Sergio Valech, conocido por su rol en la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura militar.

La Moneda, entonces, no perdió tiempo en perfilar la agenda de DDHH, tomando en consideración que se trata de un gobierno de centroderecha, según consignó el diario La Tercera, y el Presidente Piñera volvió de inmediato desde Perú, para concurrir a las exequias del prelado.

El abogado de la ONG
El libelo fue presentado por le jefa del PDH, la ex fiscal Rossy Lama y hasta el cierre de esta edición no había sido derivada a ninguno de los otros abogados que llevan causas, como suele suceder.

Lo particular del escrito es que solicita una serie de diligencias que, contradictoriamente, ya estaban realizadas hace muchos meses -o incluso años-, por el juez Zepeda. Esto, porque la muerte de Tohá se enmarca dentro del proceso por las torturas en la Academia de Guerra de la FACH que ya tiene condenados por el delito mencionado.

Fuentes de Interior tienen una versión distinta. Se señaló que el escrito estaba pendiente para la firma y que había sido redactado con antelación por el abogado Gonzalo Fuenzalida -creador de la ONG “Víctimas de la Delincuencia”-, quien tuvo un paso fugaz por el PDH. Si bien se confirmó que las diligencias eran de corte “formal”, se explicó que ello sucede porque aún no existe acceso al expediente.

Las palabras de García traen a colación los problemas de Ubilla y Lama con los abogados del PDH. Basta recordar que a mediados de año fueron citados en dos causas distintas el actual subsecretario de las Fuerzas Armadas, el general (R) Óscar Izurieta y el actual embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé.El caso de Fuenzalida es particular. Fue contratado este año para hacerse cargo del período correspondiente al año 1974. Redactó cerca de 10 querellas, pero en esos cuatro meses sólo presentó un escrito pidiendo diligencias, dijeron varios abogados.

Si bien mantuvo relaciones cordiales con sus colegas, lo cierto es que era comentario obligado en los pasillos su nulo conocimiento del tema. Tanto así que en agosto pasado fue nombrado en el directorio de Correos y también en la División de Seguridad Pública de Interior, desde donde envió el “borrador” de la acción legal que Lama ingresó a tribunales este jueves.

Uno sí, otro no
En este sentido, la compartimentación usada por Interior para evitar la filtración de esta acción entre los abogados del PDH, revela hasta qué punto las relaciones con Lama están en su peor momento. Pero además, entrega una visión del comportamiento contradictorio del gobierno con las causas por violaciones de derechos humanos. Lo anterior, porque la rapidez con que actuó en el caso de Tohá no se condice con las más de 70 querellas por el mismo delito que esperan hace varios meses la autorización de Ubilla.

La información es confirmada por los profesionales del PDH y por la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García. Esta última, en conversación con El Mostrador, reveló que la semana pasada, en una reunión que sostuvieron con Lama, les indicó además que antes de fin de año se producirán varios despidos en el organismo, como parte del criterio “renovador” de la nueva administración.

Para García este solo hecho será un “elemento entorpecedor” para la tramitación de los casos por crímenes de lesa humanidad. Básicamente, porque el abogado que lleva este tipo de casos debe contar con la expertiz penal en el antiguo sistema, sino además de un conocimiento profundo de la historia judicial de cada uno de los expedientes, quiénes son los agentes involucrados, el funcionamiento de las estructuras represivas, entre muchos otros factores.

“Los abogados que se han involucrado con estas causas tienen un compromiso ético con las violaciones de derechos humanos… y por otro lado hay una experiencia acumulada de años y del conocimiento más allá del caso mismo, de las lógicas y estructuras represivas y el contexto histórico. Por eso esperamos que no hayan más despidos y que las contrataciones que se hagan no tengan la lógica curricular del MBA”, afirmó García.

La vicepresidenta de la AFDD si bien valoró la presentación de la querella por la muerte de Tohá, al mismo tiempo indicó que se trató de una acción mediática, ya que se actuó con una rapidez que no le imprimen a las otras acciones legales que duermen el sueño de los justos en La Moneda.

Estas opiniones serán refrendadas en una entrevista a García que se transmitirá este martes a las 14 horas en El Mostrador TV.

El error del subsecretario
Las palabras de García traen a colación los problemas de Ubilla y Lama con los abogados del PDH. Basta recordar que a mediados de año fueron citados en dos causas distintas el actual subsecretario de las Fuerzas Armadas, el general (R) Óscar Izurieta y el actual embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, procesos relativos al homicidio de Víctor Jara y la Operación Cóndor, respectivamente.

El gobierno se mostró sorprendido por el tema y Ubilla apareció en los medios criticando la falta de “eficiencia” de los profesionales del organismo en la tramitación de causas, sin reparar en el grave error de concepto que cometía al pronunciar la frase; porque en el antiguo sistema son los jueces quienes llevan las causas y en última instancia los que determinan los tiempos de tramitación. A esto se le suma que los casos han demorado por la falta de colaboración de los militares imputados y procesos de este tipo hay cientos. Basta sólo mencionar los más conocidos como el homicidio del ex canciller Orlando Letelier (demoró 20 años) y el del sindicalista Tucapel Jiménez (20 años), entre muchos otros.

En su oportunidad, cuando este diario consultó a los magistrados del tribunal de alzada, en privado calificaron de “ignorancia” los dichos de Ubilla.

De allí en adelante, tanto para las agrupaciones de DD.HH. como para los abogados del programa, existe un poder de veto desde La Moneda respecto a cuáles querellas presentar y qué diligencias pedir.

Incertidumbre
Volviendo a la querella presentada por el caso Tohá hay un elemento que le agrega un cierto grado de incertidumbre que lo constituye el criterio del juez Zepeda respecto al rol del PDH.

Por ejemplo, en el proceso que lleva por la muerte del periodista norteamericano Charles Horman, el organismo ingresó un libelo haciéndose parte, pero Zepeda rechazó la querella, porque la familia de la víctima ya contaba con abogado. En el caso de Tohá sucede lo mismo, ya que está contratado Nelson Caucoto, lo que a juicio de los abogados del PDH revela nuevamente que la decisión de Interior se tomó con criterio comunicacional y político.

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE