30 MEDIDAS LABORALES

Presentan 30 medidas para mejorar seguridad laboral

César Morales / La Nación
La ministra del Trabajo, Camila Merino, dijo que en el informe final que se entregó el martes al Presidente Sebastián Piñera se sugieren cambios en prevención, centralizar la fiscalización y mejorar el sistema de sanciones a las empresas, además de ampliar la oferta de mutuales.


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Viernes 10 de diciembre de 2010 | País
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Tras cuatro meses de trabajo la comisión presidencial, creada tras el derrumbe que dejó atrapados a los 33 en el yacimiento San José, evacuó el informe que mejora la seguridad laboral.
Foto: La Nación

Un total 30 medidas propuso la comisión asesora presidencial para mejorar la seguridad de los trabajadores, informaron ayer la ministra de la cartera, Camila Merino, y el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias.

Luego de casi cuatro meses de labores, la instancia creada en agosto pasado, tras el derrumbe que dejó atrapados a 33 mineros en el yacimiento San José, y formada por ocho expertos, evacuó el informe final que fue presentado el pasado 7 de diciembre al Presidente Sebastián Piñera y ayer a la consideración de todos los sectores por la cartera del Trabajo.

En ella se contienen las ideas para mejorar la seguridad laboral, casi la mitad de las cuales se van a traducir en uno o varios proyectos de ley en marzo de 2011, fecha en la que también se darán a conocer los costos que ello implica.

La ministra Merino afirmó que, en primera instancia, aquéllas que se refieren a institucionalidad -unas 11- ya fueron acogidas por el Ejecutivo, pero el resto requiere un estudio con todos los sectores de la sociedad y el camino que les queda es ser afinadas por grupos de trabajo más pequeños para ser luego presentadas al Presidente Piñera.

En el primer caso se encuentran medidas como crear un comité ministerial de Seguridad y Salud en el Trabajo, un consejo consultivo de la misma materia, integrado por trabajadores, empleadores y expertos, y establecer un Sistema Nacional de Información sobre el mismo punto. Además, se plantea reformar la Superintendencia de Seguridad Social.

En el plano de la fiscalización, aspecto cuyas fallas quedaron al descubierto con el accidente de la mina San José, en agosto pasado, se decidió centralizar la tarea. Para ello, el Ejecutivo debe decidir si crea una Dirección de Seguridad Laboral ministerial o -como es la opción ministerial- ampliar las competencias de la actual Dirección del Trabajo para que se encargue completamente del tema en todos los sectores.

Autoevaluación anual

Además, se creará un libro digital con la historia de cada empresa, se las obligará a hacerse una autoevaluación anual, se mejorará el régimen de sanciones y se pedirá a las mutuales y al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) recomendar al empleador la suspensión de las faenas en caso de riesgo vital inminente o grave, lo que debe ser comunicado asimismo al organismo fiscalizador.

“(Ello) se va a traducir en una mejor fiscalización de manera de adelantarse a los problemas, también vamos a revisar todo el régimen de sanciones a las empresas reincidentes. Queremos apoyar a las empresas que cumplan, pero si no cumplen vamos a ser muy drásticos”, sostuvo la ministra, sin especificar cuáles serían los castigos a los infractores.

Respecto al éxito de estos cambios, la ministra sostuvo que no ve dificultades para que se conviertan en ley pues, por ejemplo, hay muchas coincidencias con la propuesta de la CUT y que con los parlamentarios de oposición no ha habido discrepancias.

“Hemos visto en las audiencias que tenemos mucho consenso en dónde avanzar, es importante reforzar la fiscalización, pero también la prevención y en eso todos estamos de acuerdo”, señaló Merino.



MÁS MUTUALES CON MENOS TRABAS

Entre las propuestas que requieren más debate figuran tres cambios al actual sistema de mutuales: bajar el requisito de 20 mil trabajadores que patrocinen su creación, y tener así más opciones, aparte de las tres existentes, y que las que se creen no estén obligadas a construir su infraestructura médica; autorizar a las firmas a comprar el servicio de prevención con entidades distintas a las mutuales; y permitir a las compañías de seguros de vida ofrecer también el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.


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