(ARGENTINA) 09-03-2011 / 20:50 h
Buenos Aires, 9 mar (EFE).- Un juez de Argentina dictaminó que una petrolera local deberá obtener el permiso de una comunidad mapuche para operar en la provincia sureña de Neuquén, confirmó hoy a Efe el líder de los aborígenes.
El fallo, inédito en el país y que sentará jurisprudencia para otros casos similares, fue dictado por el juez Mario Tommasi, quien rechazó un amparo presentado por la firma Petrolera Piedra del Águila para que se impidieran acciones de protesta de la comunidad Huenctru Trahuel Leufú contra la exploración de hidrocarburos.
"La petrolera debe irse porque un juez falló a favor de la comunidad, un fallo que reconoce los derechos de todos los pueblos indígenas", dijo hoy a Efe Juan Carlos Curruhuinca, líder de la comunidad que integran casi medio centenar de personas.
En su resolución, que data del 16 de febrero, Tommasi consideró que existió clara violación de los derechos de los pueblos indígenas, al reconocer el asentamiento de la comunidad mapuche en el paraje Cerro León de Picún Leufú, en el sur de la provincia, donde pretendían hacerse las operaciones.
El juez entendió que la petrolera, de capitales argentinos, también transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales.
Portavoces de Petrolera Piedra del Águila consultados por Efe rehusaron hacer comentarios sobre el fallo.
El caso se inició en 2007, cuando el Gobierno de Neuquén otorgó a la petrolera la concesión de 3.800 hectáreas en la región de Picún Leufú, en el centro de la provincia, donde vive la comunidad Huenctru Trahuel Leufú desde mediados del siglo pasado.
A finales de ese año, la comunidad prohibió a la petrolera el acceso a esas tierras y meses después rechazó una oferta monetaria hecha por la firma.
"Siempre le dijimos a la empresa que no queríamos su dinero.
Sabemos cómo ganarnos el sustento para vivir. No necesitamos dinero.
Tenemos la libertad para sembrar nuestra tierra, que nos pidió que la defendiéramos", señaló Curruhuinca.
Según denunciaron los aborígenes, unas 40 personas contratadas por la petrolera entraron por la fuerza en la región, reprimieron a las familias, mataron animales e incendiaron dos viviendas de la comunidad.
En 2008 una jueza ordenó a la comunidad mapuche que se abstuviera de impedir las tareas de la empresa, aunque ese fallo fue apelado por los aborígenes.
La sentencia de Tommasi no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no pueden hacerse tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad.
"Si hay que hacer una exploración de los recursos naturales, será la comunidad la que deba autorizarlo. La comunidad hoy le dice no a la exploración porque otras comunidades cercanas están todas contaminadas por la actividad petrolera", indicó Curruhuinca. EFE
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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