A 21 años de que Pinochet entregara el poder, la disidencia ideológica aún es causa de persecución en el país. Los procesos judiciales que enfrentan grupos y personas vinculadas al anarquismo y al pueblo mapuche han desnudado la ilegitimidad de un sistema que ampara la represión en las normas constitucionales.
Lo que se señala como el fin de la dictadura en Chile marcó el inicio de una de las etapas más difíciles para la lucha de los grupos disidentes del poder, al amparo del marco legal dejado por Augusto Pinochet.
Más de 60 estudiantes, trabajadores y militantes de partidos políticos señalados como “revolucionarios”, han muerto en 21 años de “democracia” a manos de Carabineros, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas. Marco Ariel Antonioletti (líder del Movimiento Juvenil Lautaro, 1990), Claudia López Benaiges (anarquista, 1998), y Matías Catrileo (estudiante mapuche, 2008), entre otros, quedaron registrados como parte de una persecución que terminó por legitimarse.
Roberto Garretón, abogado de derechos humanos, dijo en 2009 a Radio Nederland (Holanda) que “un grave error en el que incurren muchos estados, es la asimilación de cualquier acto de violencia a un fenómeno de terrorismo y, en consecuencia, disminuyen las garantías, aumentan los poderes en la persecución del delito, y las penas son mucho más elevadas”, y eso es lo que pasa en Chile.
HERENCIA MILITAR
La Ley Antiterrorista (1984) es uno de los íconos de la herencia legal de la dictadura. Diseñada para sancionar “los delitos que busquen infundir temor en la población”, fue aplicada contra ciudadanos mapuche en 10 de 11 casos durante la administración de Ricardo Lagos, y desde el mandato de Bachelet se la aplicó en contra de los 17 comuneros que enfrentaron el juicio en Cañete.
“Las ‘pruebas’ contra los ‘terroristas’ son triviales llamadas telefónicas, videos, fotografías de personas, listas de nombres, botellitas de bebidas vacías, panfletos y pasquines. Están detenidos porque el Estado los necesita presos, y no tanto por lo que hayan hecho sino porque son un ‘ejemplo’ contra quienes sí hacen y contra quienes sí podrían hacer”, señala el periodista e historiador Arnaldo Pérez Guerra, quien ha investigado diversos casos señalados bajo esta Ley.
Alberto Chiffelle (fiscal regional (s)) relacionado con el juicio en contra de los mapuche, argumentó en septiembre del año pasado que “no hay ningún tipo de persecución, nosotros aplicamos la ley independiente de la etnia, lo que investigamos son hechos”.
Pero, en opinión del director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, “la señal que el Estado da al aplicar la Ley Antiterrorista es la protección de la propiedad y la inversión. Más que por razones ideológicas, son razones pragmáticas que apuntan a proteger un modelo de desarrollo”.
Otros denuncian la persecución de las ideas. “El propósito de esto es neutralizar e intimidar a los luchadores sociales”, sostiene Rodrigo Román, abogado de Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera, procesados por el “Caso Bombas”. “Se persigue el derecho a disidencia”, enfatiza.
Román sostiene que según Miguel Soto, abogado de lata trayectoria, el “delito de Asociación Ilícita -acusación madre de estos juicios- no existe a la luz del derecho comparado” y es una de las razones por las cuales los comuneros mapuche acusados en Cañete habrían sido absueltos, luego de dos años de prisión preventiva.
Dicho de otro modo, aún se impone la lógica militar de la dictadura. El premio nacional de Historia explicó el año 2008 este fenómeno en la revista española Contrapunto de América Latina: “El Ejército chileno se formó y vive todavía con la idea que dentro de la nación hay un enemigo interno (…) y por eso intervienen y dan golpes de Estado, no para integrar a la nación, sino para dividir y castigar” a ese enemigo interno.
Al contactar al ministro Rodrigo Hinzpeter para preguntar por la posición del Gobierno, su asesora comunicacional, Daniela Easton Chandia, señala que “no podrá atenderlos durante esta semana”, cuando el periódico ya está en circulación.
ANARQUISTAS Y MAPUCHE: CHIVOS EXPIATORIOS
Los últimos casos judiciales de los mapuche en Cañete y los anarquistas del llamado “Caso Bombas” han estado llenos de semejanzas: La presencia de testigos protegidos, escuchas telefónicas y extensa prisión preventiva. Todo amparado en el uso de la Ley Antiterrorista.
“Vivimos un Estado policial”, acota Arnaldo Pérez, quien además fue preso político en la década de los ‘80. “Los mapuches y anarquistas son exhibidos por el poder para decirnos que cualquiera puede ser acusado, encerrado, asesinado, y nadie dirá nada o hará nada”.
Román, agrega que “en ambos juicios hay una prueba precaria de parte del Ministerio Público. Hay montajes, no sólo policiales sino que políticos. Estos pretenden criminalizar conductas que no son tales e imputar delitos inexistentes”.
LOS MEDIOS ACUSAN Y SENTENCIAN
Tanto en el juicio en Cañete –cuya sentencia significó la absolución de 14 comuneros mapuche y el retiro de cargos por Ley Antiterrorista ante la ausencia de pruebas contundentes para los restantes-, como en el “Caso Bombas” -que tiene en prisión preventiva a los imputados sin que se haya iniciado el juicio-, los medios de comunicación tradicionales han informado haciendo eco de la Fiscalía, violando el derecho a la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano.
Aún está en la retina de muchas personas el capítulo de Informe Especial, donde se esgrimían supuestas pruebas de asociación ilícita entre los acusados. “¿Qué mostró TVN? Jóvenes entrando y saliendo de casas okupas, que eran centros culturales donde se arreglaban bicicletas, había bibliotecas, se exhibían videos y se hacían foros-conversatorios”, recuerda Pérez Guerra.
Aylwin, en tanto, puntualiza: “Los medios han sido una piedra angular de la construcción de esta imagen de los movimientos sociales como terroristas”. También ocurrió con Elena Varela, documentalista que investigó sobre la lucha mapuche; enfrentó una acusación por terrorismo y quedó absuelta de todos los cargos tras un año y medio desde que allanaron su casa para tomarla detenida e incautaron su material filmográfico.
Arnaldo Pérez Guerra asegura que “la criminalización de la protesta social no acabará con lo que genera el descontento: La explotación, la injusticia, la infelicidad. Disminuye la convocatoria y participación el hecho de que la mayoría de la población sea machacada diariamente para que crean que la protesta social y la delincuencia son lo mismo, pero no pueden mantener este tinglado eternamente”.
Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano Nº97, primera quincena marzo 2011
Asamblea Nacional Por Los Derechos Humanos Chile
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