Publicado el 27 de diciembre del 2011
Iniciativa legal presentada en la Cámara plantea que a quienes sean sorprendidos ejerciendo ilegalmente una profesión se les imponga una pena de presidio menor en su grado máximo (de 3 años y un día a 5 años) y una multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales.
El proyecto de ley (Boletín 8089) fue presentado por los diputados Enrique Accorsi (PPD),Alfonso De Urresti (PS), Javier Macaya (UDI), Miodrag Marinovic (Indep.), Adriana Muñoz(PPD), José Pérez (PRSD), Karla Rubilar (RN), Alejandra Sepúlveda (PRI), Guillermo Teillier(PC) y Matías Walker (DC).
Los parlamentarios autores del proyecto señalan que en nuestro país durante los últimos años se han dado muchos casos de personas que realizan actividades propias de profesionales sin contar con los títulos correspondientes y sin contar con la capacitación suficiente para hacerlo, como médicos, abogados, arquitectos, farmacéuticos, etc.
Añaden que lo anterior, ha redundado en muchas ocasiones en graves daños para la salud, la integridad personal, el patrimonio o la seguridad urbana, debido a la mala ejecución de las labores que la profesión que desarrollan ilegalmente requiere y necesita.
Recuerdan que hoy nuestra legislación contiene dos figuras delictivas por las cuales se castiga el ejercicio ilegal de la profesión, que tienen una baja penalidad, y normalmente las personas condenadas por ello lo hacen con pena remitida o en cumplimiento de medidas alternativas a la prisión o privación de libertad. Subrayan que las multas son también de valores muy bajos.
Por lo anterior, los patrocinantes opinan que el incentivo para volver a delinquir, dada la alta diferencia entre lo obtenido y lo que debe pagar por la comisión del delito, resulta atractivo y produce la repetición constante de la conducta delictiva y el traslado del delincuente entre diversas partes del territorio nacional en que puede encontrar víctimas. Precisan que estas últimas generalmente son personas de escasos recursos, con baja preparación, y por ello con dificultad para obtener información sobre el falso profesional que están contratando.
En este marco, la iniciativa busca aumentar las penas asignadas a este delito con el objeto, según sus impulsores, no sólo de evitar el incentivo a delinquir sino además proteger la vida, la integridad material y moral y los bienes de las personas que se ven expuestas a la acción de estos delincuentes que simulan tener aptitudes y calificación para una actividad que no están autorizados a realizar.
El proyecto modifica el Código Penal estableciendo que quienes incurran en el ejercicio ilegal de la profesión se exponen a sanciones de presidio menor en su grado máximo y multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales.
El proyecto será analizado por la Comisión de Constitución.ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE
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