Hoy y después de más de tres años ,se dictó
sentencia a los últimos seis acusados por la postura de bombas y su
financiamiento , pidiendo este gobierno y la fiscalía aplicar la ley anti
terrorista con condenas por más de 15 años. Recordamos que hace unos meses
fueron liberados 9 ciudadanos por falta de pruebas, bajo las mismas
acusaciones.
El
gobierno a través del Ministro del Interior Sr. Hinzpeter , el Consejo de
Defensa del Estado, se jugaron por entero para demostrar que los supuestos
acusados eran terroristas, y para ello junto a la policía inventaron las más
burdas pruebas que una a una durante el juicio fueron desestimadas por los
jueces. Los abogados desde un principio acusaron al innombrable fiscal
Alejandro Peña, junto con los aparatos de seguridad de este gobierno, en que
todo esto fue un burdo montaje, que adoleció de pruebas serias y que todo fue
manejado con una falta de prolijidad policial que deja muy mal parado a todos
los que se embarcaron en esta vergüenza.
Nadie
a dicho que no existió la postura de bombas, pero la forma en que se actuó
acusando a personas que tenían antecedentes por faltas menores y o por su
postura política es lo que es impresentable.
Esto
no debe acabar aquí, el estado debe responder por haber mantenido años presos a
ciudadanos que al final no se les probó nada, ojala a la brevedad se ejerzan
acciones judiciales por daños morales y materiales por parte de las víctimas en
este caso. Asimismo muchos pensamos que el país no se merece tener un ministro
del interior que haga el ridículo, y castigar en forma ejemplar al fiscal que
inicio todo este show, el señor Alejandro Peña, hoy favorecido por el señor
Piñera y Hinzpeter como funcionario del Ministerio del Interior.
Como
corolario podemos decir, que por fin la justicia chilena sentencia a favor de
los que se les atropelló sus derechos como ciudadanos y que ojalá en el futuro se tome en cuenta, lo que es capaz de hacer el
gobierno ejerciendo sus poderes que en este caso les fallo en todo sentido. Lo
que se evitó esta justicia es ser cómplices de atropellos a los derechos
humanos de los ciudadanos que hoy salen libres.
Desde
estas líneas saludamos a los abogados que brillantemente desmontaron este show
del gobierno y particularizamos en uno de ellos, Rodrigo Román abogado de
derechos humanos y representante de la Defensoría popular.
Ramón Núñez
Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.
Junio 2012
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