REGION DE MAGALLANES TODOS DESPEDIDOS

Despidos marcan los peores días del sector público en Magallanes
3 de Diciembre 2010, 8:45

Han sido días duros para el mundo laboral chileno los de las últimas semanas. Negociación tras negociación sin lograr aún ningún resultado fructífero para asegurar la estabilidad de los funcionarios públicos en sus lugares de trabajo, han puesto en frente de guerra a la administración pública

con el nuevo gobierno del Presidente Sebastián Piñera que ya comenzó a aplicar las medidas contempladas para ordenar la casa y conseguir, de aquí a cuatro años, un uso más eficiente de los recursos del Estado.

Todo partió con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en la segunda semana de noviembre cuando se puso en marcha la primera etapa del Plan de Desvinculaciones Focalizado impuesto por la estatal para revertir las cifras rojas de la compañía, que en dos semanas, dejó a más de 300 operarios del petróleo de la filial Magallanes fuera de sus funciones, sin conocerse aún la cifra oficial.

Un proceso “macabro”, según lo calificaron los dirigentes sindicales que, a diferencia de los años anteriores, se llevó adelante a espalda de los trabajadores, lo cual abrió la puerta para que hoy se siga la instancia judicial y se llegue a las últimas consecuencias, para que a los funcionarios se les equiparen los beneficios que antaño eran muchos mayores.

“Queremos que se transparenten las decisiones que se toman para la ENAP, que se vuelva a trabajar con nosotros, poder tener opinión y dar aportes, que es lo que este gobierno no quiere hacer y después, por su puesto, salen con estas medidas que a todos nos sorprenden porque distan mucho de la realidad de otros tiempos”, señaló el presidente sindical Alejandro Avendaño, en una de sus últimas declaraciones.

Y pese a que ya no pueden revertir la situación porque agotaron todas las instancias, hoy luchan en Santiago por quebrarle la mano al destino que consideran le espera a la empresa del Estado: su privatización, queriendo conocer los avances que se han efectuado con el proceso de licitación del Lago Mercedes, tras el desaire del ministro Raineri y la dura postura que adoptó Golborne.

Una difícil situación que por estos días también se presenta para los empleados públicos. Se sabe ya que son 57 los desvinculados a nivel regional en el marco del plan de reestructuración del aparato estatal que la nueva administración busca para el sector. Las palabras de la intendenta Liliana Kusanovic, así lo demuestran. “Aquí tenemos que trabajar por todos los chilenos, por la mejor forma que los recursos sean eficientes y nosotros estamos haciendo un ajuste mínimo respecto a lo que pensamos que es un equipo eficiente, tenemos que reestructurar, estamos haciendo un ordenamiento más que nada, porque tenemos que gobernar con el equipo que le corresponde a este gobierno y de forma eficiente”, declaró. Dichos que dejaron absoluta desazón en las asociaciones congregadas en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en la región, que incluso trataron de “maricón” al gobierno por no reaccionar frente a los despidos y discriminar a personas discapacitadas, mujeres con fuero maternal y funcionarios a punto de jubilar que cesarán de sus labores el 31 de diciembre.

Piden aclaración
A los despidos del Gobierno Regional que fueron 19, el miércoles se sumaron los del municipio de Punta Arenas que extraoficialmente habrían alcanzado a ocho los de la modalidad “a contrata”
.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales, Jorge González solidarizó ayer con la ANEF, al manifestar que el gobierno estaba “jugando con fuego al dar una miscelánea de excusas para despedir gente”.

“Esto es una improvisación, las autoridades no tienen clara la película, es la inexperiencia de no saber que los temas se deben discutir primero con los trabajadores, por ello solicitamos que el Gobierno Regional (GORE) aclare los criterios de las desvinculaciones y se haga responsable con una compensación.

Para Héctor Díaz, líder de los funcionarios del GORE, la tensión se ha apoderado de los pasillos y oficinas de Palacio, instalándose un clima de angustia y desmotivación en los distintos departamentos en que se desempeñan los, hasta el momento, 19 notificados.

“Acá se tiene que tener un perfil, están echando así por así a jefas de hogar, personas con casi 20 años de experiencia en la administración pública y con excelentes calificaciones. Deben decir el por qué, ya que hay casos injustificados decididos por la intendenta producto de las malas recomendaciones de algunos asesores”, aseveró Díaz, haciendo alusión a los funcionarios de la División de Análisis y Finanzas (DAF) del GORE, agregando que “ellos hicieron equivocar a la intendenta en su determinación, porque nada más recibió los papeles y los firmó”.

Según informó ahora, se encuentran cursando una solicitud al Consejo para la Transparencia para que se diluciden ciertos procedimientos del reordenamiento gubernamental como motivos y causas que se tuvo para despedir a cada funcionario.
“Si el GORE no se pronuncia antes de 20 días respecto de este tema, el documento va a esa instancia y podría terminar en sumarios”, afirmó el dirigente.
EL PINGUINO

ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS CHILE